La Fiscalía considera que parte de los acusados funcionaron, al menos desde agosto de 2014 a septiembre de 2015, como una estructura organizada cuya finalidad era el "lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes -marihuana y cocaína- a terceras personas".

Así, considera que la agrupación estaba dirigida por El Pablo, "bajo cuyas órdenes se encuentran todos los demás y que es el principal beneficiario de las ventas de estupefacientes" lo que le permitió "irse haciendo progresivamente con la práctica totalidad de las propiedades en varias calles de la Soledad".

Según se explica, en estas calles tenía instalados puntos de venta de drogas, normalmente regentados por familiares suyos, con lo que creó una zona "prácticamente impermeable a la investigación policial" debido a que cualquiera que pasara por esas calles -especialmente la calle Teix- y que "no fuera del grupo o cliente era inmediatamente detectado".

En el escrito de la Fiscalía también se dice que sus principales colaboradores eran sus hijos, que también están acusados. Regentaban un punto de venta cada uno y supervisaban otros, abastecían y realizaban la recaudación diaria y contrataban a personas para hacer los turnos.

Por su lado, I.C.F. se ocupaba de gran parte del abastecimiento de marihuana y A.S.F., era el lugarteniente de El Pablo y el encargado de los contactos con los proveedores de cocaína.

De esta manera, El Pablo se enfrenta a una pena total de siete años de cárcel por dos delitos contra la salud pública, -tráfico de drogas-, y por un delito de integración en un grupo criminal. Además, se le pide una multa de 155.000 euros.