El juicio, en el que Diego declarará como testigo, estaba previsto que comenzara a las 9.00 horas de este miércoles, pero finalmente se ha retrasado y ha empezado media hora más tarde, sobre las 9.30 horas.

A las puertas de los juzgados situados en la calle Alta aguardaban cerca de dos centenares de personas, incluidos familiares de los acusados y estudiantes convocados por el Colectivo de Estudiantes de Cantabria (ColEst) y el Frente de Estudiantes en "solidaridad" con los siete jóvenes, puesto que el supuesto escrache se produjo en la Universidad de Cantabria (UC) en febrero de 2014.

El Ministerio fiscal, única parte que ejerce la acusación, pide un año de cárcel y sanción económica para uno de los imputados y multas económicas para los otros seis, por un total de 35.000 euros.

En su relato de hechos, el fiscal señala que los acusados insultaron en reiteradas ocasiones a Diego a su llegada a la universidad, y una vez finalizada su intervención -en el acto 'Tengo una pregunta para usted...'-, interrumpieron el paso de la comitiva, por lo que los escoltas del presidente, "dado el clima de hostilidad generado y temiendo por su seguridad, se vieron forzados a evacuarle en otro vehículo de reacción policial".

Añade que varios acusados se acercaron al coche para evitar que continuase la marcha y uno de ellos propinó "intencionadas patadas" al vehículo, mientras que otros, haciendo ademán de tirarse sobre el capó, colocaron sobre el mismo una pancarta con la leyenda 'educación pública... nada para la privada...'.

A juicio de la fiscal, los siete acusados son autores de un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad, por los que pide para cada uno de ellos multas de 4.400 euros.

Y a uno de ellos le considera, además, autor de un delito de daños por los desperfectos que, según el ministerio público, causó al propinar varias "patadas intencionadas" al vehículo de renting en el que se subió Ignacio Diego a la salida del acto.

Por este delito, es por el que pide un año de cárcel y una multa de 3.600 euros, además de solicitar que éste indemnice con casi 740 euros a la empresa propietaria del vehículo.

Los jóvenes niegan los hechos de los que se les acusa implicados y sostiene que los vídeos que han aparecido desde entonces "han ido poniendo a cada uno en su sitio, confirmando punto por punto nuestra versión".