JeC pide al Ayuntamiento que exija la eliminación "inmediata" de los tornos en los autobuses urbanos

  • El grupo municipal de Jaén en Común (JeC) ha pedido al Ayuntamiento de la capital que inste a la empresa Castillo, concesionaria de los autobuses urbanos, a eliminar de "manera inmediata" el sistema de torno para conteo de viajeros.

"Castillo no necesita ningún otro elemento de conteo de usuarios, ya que esa labor la realiza la maquinaria de que dispone. No existe ningún inconveniente para retirar hoy mismo los tornos y se solucionaría la situación", ha declarado el portavoz de JeC, Miguel Montejo.

Ha añadido que tras el informe de Veiasa en el que se constata "la ilegalidad" de los tornos, éstos se deben desinstalar de forma inmediata por que "no cabe la homologación". "Técnicamente la solución es quitar los tornos y eso puede hacerse en una noche, igual que los retira para pasar las inspecciones de la ITV", ha indicado Montejo.

Durante la celebración de la comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias, Manuel Montejo ha preguntado de manera reiterada al representante de Castillo la razón por la que mantienen los tornos a pesar de que no está permitido y éste, según JeC, ha reconocido que no los quita porque "algunos trabajadores le roban" y los tornos son un sistema de control. Para Montejo, se trata de "una excusa y de una acusación muy grave que no justifica en absoluto el incumplimiento de la ley".

Además de exigir al Ayuntamiento que de manera inmediata Castillo retire los tornos de los vehículos, también se ha pedido que se abra una investigación que depure responsabilidades e incumplimientos. Además JeC ha preguntado al equipo de gobierno si va a emprender alguna acción, tras "haber quedado constancia de la irregularidad en el uso de los tornos, el problema de accesibilidad y seguridad que supone su instalación y que esta se realiza a sabiendas de que conlleva la no homologación de los vehículos".

En opinión de Montejo, "mantener los tornos no es solo una molestia, es un problema grave para las personas que no pueden acceder, es una humillación impropia de un servicio público y es un elemento de inseguridad".

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