Facua reclama una investigación sobre el "vertido de gases que afecta a cientos" de vecinos de Coria

  • Facua Sevilla ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Coria del Río que determinen el origen de las "emisiones gaseosas que están provocando cuadros de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos y taquicardia en cientos de vecinos de la localidad", así como que promueva medidas urgentes para atajar el problema.

En un comunicado, la asociación explica que va a remitir sendos escritos tanto a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Sevilla como al Consistorio coriano reclamando una investigación urgente sobre "un vertido que ha provocado un brote de fuertes síntomas, obligando a los afectados a acudir al centro de salud del municipio, saturado ante la continua demanda asistencial". Añade que se da la circunstancia de que los efectos "incluso son más agudos en niños pequeños".

Así, indica que muchos vecinos de Coria del Río llevan "semanas denunciando insoportables olores" que se perciben en todo el municipio y que asegura que podría ser el motivo del malestar que padecen los afectados, recordando que el alcalde, Modesto González, ha indicado que "cree que los gases proceden de un posible vertido ilegal, pero no se sabe quiénes son los responsables ni dónde se ha producido".

"El regidor asegura que las sustancias tóxicas, filtradas en la red de alcantarillado, no corresponden a empresas locales, y que el Ayuntamiento de Coria ya ha hecho todo lo que podía", añade Facua. No obstante, la organización pide al Consistorio que "no eluda su responsabilidad" y siga investigando la procedencia de esos vertidos perjudiciales.

En este marco, añade que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece en su artículo 15 que "ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas".

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