El catedrático de Derecho Mercantil Cándido Paz-Ares y uno de los 'padres' de la finalmente fallida operación dirigida a crear en Castilla y León un Grupo Contractual de Cajas, como fórmula más eficaz para afrontar la crisis del sector a partir de 2007, ha destacado que la Comunidad, a raíz de un acuerdo entre PP y PSCyL, fue la primera en todo el país en iniciar un proceso de estas características para adelantarse "a lo que se les venía encima".

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las Cajas en las Cortes, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid ha alabado la celeridad con la que se inició este proceso y ha explicado que tanto el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, le encomendaron a él pilotar la iniciativa, junto con otro despacho profesional, para luego "invitar" ambos mandatarios a las seis entidades de ahorro de la Comunidad a que contrataran sus servicios para prestarles el asesorarimento necesario.

Aunque su afirmación ha desatado las suspicacias del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien duda del carácter "deontológico" del encargo, sin concurso alguno, efectuado por Herrera y Villanueva, haciéndose eco así del malestar transmitido en 2008 por las entidades, el catedrático ha precisado que no cobró un euro de la Junta y que los honorarios fueron sufragados por las cajas, "sin que nadie les pusiera una pistola en la sien".

Sobre el proceso de integración, Cándido Paz-Ares, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha lamentado que las distintas "vicisitudes" propias de cada caja, sin querer entrar en más detalles, dieron al traste con la operación iniciada para constituir entre las seis existentes en Castilla y León un Grupo Contractual. "Lamentablemente, estas cuestiones impidieron una operación que habría sido buena, no sé si la panacea, pero además se perdió un tiempo precioso que luego a que se realizaran integraciones de forma desordenada y sin una visión más sistémica de la Comunidad", ha advertido.

Y es que el experto entiende que las posteriores integraciones o fusiones con otras entidades no siguieron la filosofía perseguida con la fórmula del Grupo Contractual, basado en el Sistema Institucional de Protección (SIP), o compromiso de apoyo mutuo en caso de déficits de solvencia y liquidez; la dimensión institucional, recogida en la Ley de Cajas de 2012, y la societaria, con base en la Ley de Cooperativas.

"La fórmula elegida para agrupar a las seis cajas, extraída de una circular olvidada de 2008 del Banco de España, buscaba preservar el activo y el capital social y territorial de estas entidades por su raigambre social y su franquicia territorial, lo que había permitido durante muchos años facilitar crédito a sectores que no lo tenían tan fácil", ha explicado el catedrático, quien ha defendido este modelo, no acometido finalmente, como vía más eficar para mitigar lo que "se les venía encima" a raíz del cierre de los mercados mayoristas para la financiación.

LAS CAJAS, EN TIERRA DE NADIE

En su análisis también del funcionamiento de los órganos de gobierno de las cajas, el compareciente ha subrayado los problemas y déficits "estructurales" de las mismas por su diseño propio, al encontrarse "en tierra de nadie", a caballo entre entidades públicas y privadas, con motivo de su "dependencia política, que generalmente impedía contar con consejeros con la profesionalidad que exige un ámbito tan delicado como el financiero, pero también ante la imposibilidad que tenían luego los políticos para remover a estas personas de sus cargos".

Interpelado por las responsabilidades de la Junta ante los supuestos 'desmanes' cometidos en las cajas de la Comunidad, el experto ha recordado que es el Banco de España, tanto por sus medios materiales y humanos como por sus competencias sistémicas, el que debía velar por la solvencia y liquidez de estas entidades, si bien ha matizado que también la Consejería de Hacienda tenía sus propias obligaciones, conforme al artículo 76 de la Ley de Cajas, a la hora de supervisar las inversiones inmobiliarias en sociedades, las operaciones vinculadas_aquellas que implicaban a integrantes de sus consejos de administración-, las de expansión y las de solvencia.

En cuanto a esta última competencia, Cándido Paz-Ares ha reconocido que había un cierto "solapamiento" entre el Banco de España y las CC.AA, hasta el punto de que la mayoría de éstas dejaban tal cometido en manos del primero, sin que el experto censurara este comportamiento.

Tampoco ha responsabilizado a la Junta de los efectos derivados de la emisión de productos como las participaciones preferentes, fórmula a la que, como así ha apuntado, tuvieron que acogerse no sólo las cajas sino los bancos y otras muchas empresas para solventar el déficit de capital. En este sentido, el catedrático de la Autónoma de Madrid ha insistido que la responsable de lo ocurrido fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la normativa que regía entonces.

"No me atrevería a calificar estos productos de deshonestos, el problema es que tenían que haber sido controlados por la CNMV para comprobar además si a los clientes se les ofrecía toda la información necesaria, teniendo en cuenta además la complejidad de los mismos y el riesgo que suponía su contratación", ha sentenciado.