Greenpeace y CEAR piden la prohibición de las bombas de racimo

Ambas organizaciones reclaman al Gobierno español que dé el máximo respaldo al Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo en la reunión que se celebra en Viena esta semana.

Kike Figaredo, un obispo español que lleva más de 20 años en Camboya, acompañó a los cuatro niños, que tienen distintos grados de mutilación por la explosión de unas minas. En este país siguen produciéndose centenares de víctimas por las minas que han quedado tras décadas de guerras.

Las bombas de racimo contienen en su interior decenas de submuniciones que se dispersan cuando la bomba se abre en el aire.

Distintos estudios han mostrado que un 98 por ciento de sus víctimas son civiles, afirmó Greenpeace, ya que indicó que entre un cinco y un 30 por ciento de esas submuniciones no estallan y quedan esparcidas en las carreteras, los campos de cultivo, las aldeas y núcleos urbanos, actuando como minas antipersonales durante largos años y dificultando el desarrollo y la recuperación socioeconómica.

'Más allá de las cifras, lo que resulta afectado es la vida diaria de numerosas personas. Y los Gobiernos occidentales, entre ellos el español, no pueden cerrar los ojos a esta realidad y seguir vendiendo armas como si el resultado final no fuera con ellos. No se puede seguir haciendo negocio con la vida de los inocentes', dijo Kike Figaredo.

Entre el 5 y el 7 de diciembre tendrá lugar en Viena una nueva reunión del llamado proceso de Oslo, que trata de lograr un tratado internacional de prohibición de las bombas de racimo, y Greenpeace y CEAR pidieron al Gobierno español 'un compromiso serio con un tratado que no tenga excepciones'.

PIDEN QUE CANADÁ VUELVA A LIDERAR

Con motivo de los 10 años del Tratado de Prohibición de las Minas Antipersonales, conocido como el Tratado de Ottawa, varias organizaciones pidieron también el lunes al Gobierno canadiense que reanude su liderazgo mundial en la campaña mundial contra las minas terrestres e intente una prohibición similar de las de racimo.

Unas 40 millones de minas se han destruido, 156 países se han unido al tratado y el número de civiles muertos o mutilados ha diminuido drásticamente, según la Campaña Internacional para Prohibir las Minas, una coalición de ONG, pero algunos de los principales productores siguen fuera, como Estados Unidos, Rusia, China, India o Pakistán.

Unas dos docenas de gobiernos parecen no haber cumplido las fechas límite para acabar con el desminado en los próximos años, y menos del uno por ciento de los 475 millones de dólares destinados el año pasado para el desminado fueron para ayudar a los supervivientes.