Así lo ha hecho durante el juicio celebrado a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, que ha quedado visto para sentencia. El letrado del procesado, Sergio Herrero, ha argumentado que el registro de la vivienda se hizo con el consentimiento de un menor de edad -el niño tenía 12 años en esas fechas-, sin autorización judicial y sin el permiso del propietario de la casa.

Por su lado, el abogado de la acusación particular, Santiago Estrada Azcona, ha justificado que se llevara a cabo el registro ante un delito "flagrante" tras la llamada de auxilio del niño, que estaba "indefenso y con miedo".

Cabe recordar que, de acuerdo al relato fiscal, el procesado, al menos durante el año 2016, se dedicaba a vender sustancias estupefacientes en su domicilio de Gijón. El 28 de noviembre de ese mismo año, y tras recibirse en el 091 una llamada del hijo del acusado, de 12 años, en la que comunicó a los agentes la actividad "reiterada" a la que se dedicaba su padre, agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a la casa. Una vez allí, el menor les dijo que su padre se dedicaba a vender droga en la vivienda.

Los agentes se incautaron en la casa de 1.900 euros en billetes, unos envoltorios de plástico con cocaína y una báscula de precisión; igualmente le fue intervenido en la habitación del acusado un post-it con distintas anotaciones con nombres y cantidades procedentes de la venta de droga. Asimismo, la cocaína intervenida hubiera alcanzado casi los 8.000 euros.

Durante el juicio, el acusado, que solo contestó a preguntas de su abogado, ha defendido que las anotaciones del post-it se referían a la venta de vinos, un negocio al que se dedicaba al margen de su actividad profesional.

Al término de la sesión la Fiscalía ha mantenido para el procesado su petición de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 12.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y abono de las costas procesales. De la misma forma lo ha hecho la acusación particular, quien en cambio pide también para el acusado que se le inhabilite para ejercer la patria potestad del menor por un delito de abandono. La defensa, por su lado, ha solicitado la libre absolución de su cliente.