concluyeron un total de tres procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra siete personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el 'repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción' que elabora trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año.

A nivel nacional, los juzgados españoles concluyeron un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Según éstos datos, entre os pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 69,8 por ciento del total.

El 'repositorio' permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al tercer trimestre del año, es de 60 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística -es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

78 CORRUPTOS EN PRISIÓN

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 78 penados -en 42 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y doce preventivos.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos o las sentencias dictadas.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de

prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales

negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.