La huelga indefinida convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid podría afectar a la instrucción dirigida por el juez Santiago Torres sobre la presunta red de tráfico de licencias ilegales, al demorar previsiblemente las declaraciones previstas en los próximos días del resto de los imputados que faltan por comparecer ante el magistrado.
El paro de los trabajadores iniciado el 28 de noviembre ha reducido a cuatro el número de empleados públicos en el Juzgado 32, al igual que en otros, de acuerdo con los servicios mínimos establecidos para no interrumpir la actividad de los tribunales de la región.
Pero si la huelga indefinida de los funcionarios prosigue en los próximos días es previsible que se produzca un importante retraso en las tomas de declaración previstas para la próxima semana, puesto que todavía tienen que comparecer varios imputados, así como los testigos.
Aplazado el levantamiento de sumario
Ante el elevado volumen de trabajo que supone la investigación del caso, el titular del Juzgado de Instrucción 32 solicitó la pasada semana al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le asigne cuatro funcionarios más para hacer frente al procedimiento.
Por otro lado, el magistrado ha prorrogado por un mes el secreto sumarial que pesa sobre las actuaciones, al transcurrir el máximo de un mes previsto en la ley para mantener esta situación, según fuentes jurídicas. El secreto de las diligencias limita el conocimiento de los datos recabados al propio juez y al fiscal adscrito al Juzgado, César Estirado.
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