Ahora Madrid ha aprobado este lunes en solitario y con la abstención del resto de los grupos municipales un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) 2017-2018 para el Ayuntamiento de Madrid tras incumplir la regla de gasto en 233 millones de euros 2016, en el que propone recortar 127 millones de euros y vender suelo público destinado a uso industrial por valor de 156 millones.

El reformulado plan, el tercero en lo que va de legislatura, ha salido adelante en el Pleno extraordinario un día antes de que venciese el plazo dado por el Ministerio de Hacienda, que ahora tendrá que dar su visto bueno. Fuentes del Consistorio consultadas por 20minutos no han detallado los proyectos concretos que se verán afectadas por esta reducción en el gasto. "No habrá recortes. Habrá un reajuste. Lo único que cambia es la vía de financiación, que ahora serán las Inversiones Financieramente Sostenibles".

La oposición, sin embargo, no está de acuerdo con este planteamiento. "Con el PEF en la mano es un recorte. Esta interpretación ya la hizo Sánchez Mato anteriormente y Hacienda le dijo que esa opción no valía", asegura Érika Rodríguez, portavoz de Economía y Hacienda del PSOE. "Es absolutamente injusta la aplicación de la regla de gasto porque Madrid tiene las cuentas saneadas, pero debemos ser responsables".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha defendido en el Pleno extraordinario un PEF que "cumple con la normativa vigente, como los anteriores, con medidas incorporadas que vienen derivadas de las actuaciones ya realizadas en 2017, como los Acuerdos de No Disponibilidad y los posteriores suplementos de crédito para financiar las Inversiones Financieramente Sostenibles" y a pesar de que "el PP haya puesto palos en las ruedas", en referencia a los recursos interpuestos por Delegación de Gobierno.

El 28 de marzo de 2017 se aprobó un PEF por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2016, cuando se registró un superávit presupuestario de 1.022 millones, el 0,76 por ciento del PIB de Madrid.

También se cumplían los objetivos de deuda amortizando 899 millones hasta alcanzar una deuda de 3.868 millones. Esta cifra spone un 2,88 por ciento con respecto al PIB de Madrid. Igualmente en 2016 se cumplía el plazo de pago a proveedores, con una media de 19 días desde la recepción de las facturas. "Son datos históricamente positivos para Madrid", ha defendido el delegado.

Sánchez Mato ha contrastado estos datos con la realidad que se vivía en Madrid en 2013, con un gobierno del PP. Entonces la deuda consolidada alcanzaba los 7.699 millones, cantidad que representa el 173 por ciento de los ingresos consolidados y el 5,8 por ciento del PIB. El pago medio a proveedores a finales de 2012 se situaba en los 329 días. "La mejora es evidente", ha argumentado el concejal.

El delegado ha detallado que el incumplimiento de la regla de gasto es de 233,4 millones de euros y ha subrayado que no responde a una "cabezonería" suya sino a medidas como la adquisición del edificio de Alcalá 45, su "palacete", como lo definen PP y Cs, operación con la que se ahorrarán las arcas municipales hasta 21 millones en alquileres en los dos próximos años, no en el ejercicio de adquisición. "En la UE lo consideran válido en la interpretación de la regla de gasto pero en España no y eso nos penaliza", ha apuntado.

Otra de las razones del incumplimiento reside en la "despectiva compra de suelo" que señalan algunos grupos de la oposición, cuando en realidad son "ejecución y pago de sentencias judiciales", un total de 101 millones en 2016. "Son sentencias firmes no provisionadas por el PP y que hay que pagar pero por eso nos penalizan en la regla de gasto", ha indicado Carlos Sánchez Mato.

Entre los incumplimientos de la regla de gasto se incluyen los más de 70 millones al destinar el parque público de la EMVS de la venta al alquiler y el coste de la amortización anticipada, operación que supone "romper derivados financieros firmados por el PP" y que son otros 1,8 millones de euros más.

Carlos Sánchez Mato ha defendido que el PEF siempre protegerá el aumento del gasto social e inversión, que son "la mejor política de empleo para la ciudad". Tampoco se ha dejado en el tintero que "se incumple el marco legal de distribución de competencias que señala la Ley de Sostenibilidad de las Haciendas Locales". "Hay cosas que los ayuntamientos no podemos hacer pero que no podemos soltar y debemos ser financiados. No recibimos financiación pero nos penaliza en regla de gasto", ha añadido.

"Con este PEF el gobierno seguirá por la senda de la legalidad sin renunciar a las políticas públicas comprometidas a realizar, tanto con el PSOE como con la ciudad", ha defendido el delegado. Sobre la falta de documentación que le ha achacado el PP, el concejal cree que no es más que "una excusa de mal pagador".