En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP señala que desde el 20 de septiembre, cuando se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, "han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones".

En este sentido, añade en la moción que "toda la sociedad española ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho".

El PP, tras recordar que el Gobierno de la nación "se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía", pide el apoyo para los agentes "en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles".

Además, pide a los demás grupos que la Diputación condene "el acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de la democracia".

Además, en su moción, el PP insta a las demás instituciones a "utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes", así como "actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad, conculcar el marco constitucional y la unidad de España".