La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que el Ejecutivo se verá obligado a bajar las expectativas de crecimiento de la economía española si la crisis en Cataluña no termina.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que se "está poniendo en riesgo la recuperación económica en Cataluña", que podría entrar en recesión. Esa situación, ha añadido, tendría consecuencias directas en la economía de todo el país. La vicepresidenta ha comparecido sola y en lugar del portavoz del Ejecutivo, como es habitual.

La vicepresidenta del Gobierno ha alertado de que se están creando "todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica". Por eso, ha dicho que es tiempo de recuperar la normalidad institucional poniendo fin a la "inestabilidad" y ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abrir un diálogo en el Congreso de los Diputados.

Sáenz de Santamaría ha desvelado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado al Consejo de Ministros un informe, de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario para 2018, que señala que "debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo", pero que ahora el Gobierno ve de modo "más prudente" por la situación de Cataluña.

"Si no hubiera una pronta solución a este asunto nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para 2018", ha advertido la vicepresidenta, que ha esgrimido las advertencias de las agencias de calificación, que ya alertan de que si sigue la inestabilidad política y las empresas se siguen marchando, puede provocar una recesión en Cataluña.

Sáenz de Santamaría ha explicado que el requerimiento que se ha enviado a Puigdemont incluye una "pregunta sencilla" para que aclare con un 'sí' o un 'no' si ha declarado la independencia de Cataluña. A su entender, si tiene "voluntad política" tiene la vía para "regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho".

Dicho esto, ha subrayado que se ofrece a Puigdemont diálogo "en el marco de la ley" y en el Parlamento nacional, que es donde se toman "las grandes decisiones del país" y está representado "todo el pueblo español".

Según ha añadido, se trata de una "oferta sensata, moderada y entendible" que no procede solo del Gobierno sino de "una amplísima mayoría del Congreso"  que, además, demuestra que "el diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo".

Sáenz de Santamaría, ha recordado que en el Congreso ya hay en marcha una comisión de estudio para modernizar el Estado Autonómico y allí puede acudir a hacer sus "reflexiones, planteamientos y propuestas. "En nuestro marco constitucional nada es inmutable, todo se puede hablar pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y los derechos de los ciudadanos", ha apostillado.

Sáenz de Santamaría no ha querido entrar a detallar cuáles serán las medidas si Puigdemont dice que declaró la independencia o se limita a remitir al Gobierno su intervención ante en el Parlamento catalán. Según ha reiterado, en un tema tan importante "no caben interpretaciones" y hay que resolver la "ambigüedad" que se vivió el martes en el Parlamento catalán. En su opinión, "construir" es contestar con claridad.

"Vamos paso a paso y estamos en el momento primero de ese requerimiento. Está en su mano evitar actuaciones posteriores y tiene un margen amplio para evitar actuaciones posteriores. Es un fin de semana de reflexión, con puente de por medio, y creo que tiene la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes", ha manifestado.

En este sentido, ha reiterado que no iba a anticipar medidas que caben dentro del artículo 155 de la Constitución porque no tienen por qué adaptarse si Puigdemont "coge ese guante" y vuelve al orden constitucional y estatutario, aceptando el diálogo en el marco de la comisión sobre el modelo territorial que ha promovido el PSOE en la Cámara Baja.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han señalado que el Gobierno activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont contestara al requerimiento que le ha enviado el Ejecutivo para que aclare si ha declarado la independencia en Cataluña con su intervención del martes ante el Parlament.

En esas declaraciones, el president dijo que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, acto seguido, propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Si el presidente de la Generalitat se decanta por remitir la transcripción de sus palabras, el Gobierno, según las fuentes citadas, lo tiene claro: "Eso no vale".

Por ello han insistido en que, en ese caso, se mantendría en vigor el segundo plazo dado a Puigdemont, hasta las 10:00 horas del jueves de la próxima semana, para que rectifique su posición y vuelva a la legalidad.

De no hacerlo, el Ejecutivo seguiría adelante a partir de entonces con los pasos previstos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría ha indicado que se han "esforzado" para que la hoja de ruta independentista no causara daño a los catalanes. Así, ha dicho que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) también es "un diálogo con los catalanes" y ha ascendido a unos 70.000 millones de euros y ha habido un ahorro de 13.000 millones  de euros en intereses. "El diálogo se demuestra practicándolo y no me parece una mala cantidad para demostrar el diálogo con la sociedad de Cataluña", ha apuntado.