El artículo 155 de la Constitución: un arma legal en cinco pasos

El artículo 155 de la Constitución: un arma legal en cinco pasos

Manifestación a favor de la unidad de Cataluña y España
Cabecera de la manifestación convocada por Societat Civil Catalana a favor de la unidad de España. (Alberto Estévez / EFE)

Carles Puigdemont tiene hasta las 10.00 horas del próximo jueves para revocar la supuesta declaración de independencia de Cataluña o declarar que esta ni siquiera existió.

A pesar de que el plazo para aclarar si hubo o no proclamación de la secesión acababa este lunes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha extendido hasta el jueves la posibilidad de que Puigdemont dé explicaciones -o, en su caso, que rectifique- antes de que el Ejecutivo central active medidas coercitivas a través del artículo 155 de la Constitución.

En caso de que no lo haga o de que mantenga la calculada ambigüedad con la que ha respondido por carta al requerimiento de Mariano Rajoy, la Moncloa recurrirá al Senado para tomar medidas extraordinarias. Estos son los plazos y las posibilidades que maneja.

1. Despejar la incógnita. El requerimiento enviado la semana pasada al Govern tenía dos plazos: cinco días (hasta este lunes, 16-O) para que Puigdemont aclarase su actuación y tres días más (hasta las 10.00 horas del jueves 19) para que restaurase "el orden constitucional y estatutario". Aunque solo la segunda parte del requerimiento se enmarca en los límites literales del 155, el Gobierno incluyó el primer paso en el ámbito de aplicación del artículo.

2. Del Gobierno al Senado. Si Puigdemont y sus socios no rectifican, el Gobierno enviará al presidente del Senado, Pío García Escudero (PP), un escrito en el que debe detallar, una por una, las medidas concretas que desea adoptar para hacer cumplir la ley y proteger "el interés general", según establece el artículo 189 del reclamento de la Cámara. El Ejecutivo puede remitir su propuesta al Senado el mismo jueves.

El presidente del Senado dará a Puigdemont un plazo para hacer alegaciones3. Las alegaciones. La Mesa del Senado dará curso a la demanda y remitirá su escrito y la documentación que, en su caso, adjunte el Gobierno (sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes de transitoriedad y referéndum aprobadas por la Generalitat, la declaración de compromiso con la secesión firmada por los diputados independentistas del Parlament...) a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que esta legislatura dirige el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP). De ella forman parte, en su condición de senadores, los también cargos orgánicos del PP Javier Arenas y Alicia Sánchez Camacho; el líder de los populares andaluces, Juan Moreno Bonilla; los expresidentes autonómicos conservadores Pedro Sanz (La Rioja), Juan José Lucas (Castilla y León), José Ramón Bauzá (Baleares) o los socialistas José Montilla (Cataluña), vicente Álvarez Areces (Asturias) y Francesc Antich (Baleares), entre otros.

El presidente del Senado dará a Puigdemont un plazo –que no está fijado en la normativa, pero que no será inferior a 24 horas– para presentar las alegaciones que estime oportunas. También le dará la oportunidad de designar una persona para que asuma la representación de la Generalitat durante el procedimiento, si lo estima oportuno.

4. La aprobación. La Comisión admitirá o rechazará las medidas solicitadas por el Gobierno, pudiendo condicionarlas o limitarlas. Su dictamen pasará al Pleno de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta (130 de los 208 escaños), para su debate. La sesión constará de dos turnos a favor y dos en contra con una duración máxima de de veinte minutos cada uno. Los portavoces de los grupos parlamentarios podrán intervenir por el mismo tiempo. La aprobación se hará por mayoría absoluta.

5. La aplicación. Moncloa ha asegurado que el plazo para poner en práctica el mecanismo completo sería inferior a una semana, aunque varios expertos jurídicos aseguran a este diario que podría extenderse, incluso, tres semanas.

La autorización del Senado no implica que el Gobierno tenga que actuar, ya que puede dar marcha atrás en cualquier momento. Las medidas (suspensión de acuerdos y decretos, control de la Hacienda catalana y/o de los Mossos d'Esquadra) podrían ejecutarse el mismo día de la aprobación. La amplitud del 155 abre la puerta a todas las actuaciones "necesarias", lo que deja un amplio margen de acción. Los constitucionalistas consultados por 20minutos no se ponen de acuerdo acerca de los límites, pero ponen muy en duda que se pueda destituir al president, disolver el Parlament y convocar elecciones, informa Ibon Uría. La Generalitat aún podría recurrir al Tribunal Constitucional si considera irregulares las decisiones o impugnar actos concretos en los tribunales.

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