Melendreras ha hecho estas declaraciones en la jornada técnica celebrada en la UCAM sobre los derechos de los ciudadanos en las ciudades inteligentes, en la que expertos en telecomunicaciones y Smart Cities se han planteado objetivos como la protección de datos o la veracidad de la información.

En concreto, expertos con perfiles sociológicos, jurídicos, tecnológicos y laborales en telecomunicaciones y Smart Cities han presentado en esta jornada técnica la integración de los ciudadanos con los avances digitales, un pilar fundamental de cara al futuro, ya que España está ocupando un papel de liderazgo en las Smart Cities a nivel mundial.

"Estamos viviendo una revolución de la sociedad basada en las comunicaciones", ha señalado el director de la Cátedra de Ciudadanos y Tecnologías Digitales de la UCAM, José Javier Medina Muñoz, por lo que considera necesario que se aplique una normativa, presente ya en muchos países, que apueste por los derechos, deberes y protección del ciudadano ante la necesidad de relacionarse con las telecomunicaciones.

Se trata, añade, de "asegurar las comunicaciones que mantienen a diario los ciudadanos y que puedan disfrutar a la vez de ellas con seguridad", según Medina, quien afirma que "se trata también de estar preparados para ser efectivos a la hora de abordar los delitos informáticos".

"Estamos muy cerca de ser víctimas de un robo o estafa por Internet, nuestros datos circulan por una red en la que parte de esos datos se hacen públicos y usurpar una cuenta hoy en día es factible", se afirmó durante la jornada.

Por ello pretenden con esta normativa prevenir el uso indebido por terceras personas de toda esa información, desde la protección de la imagen en un negocio que graba cada actividad a sus clientes, hasta el servicio de cualquier tipo con contador eléctrico que mide el propio consumo en un hogar.

A través de las nuevas tecnologías, los ciudadanos podemos vivir en una ciudad inteligente, utilizando todos los servicios tecnológicos. Manuel Núñez Encabo, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que se trata de "una normativa jurídica que se debe utilizar para que los ciudadanos tengan la garantía de que se protegen sus derechos", como puede ser la protección de datos o la veracidad de las informaciones.