La directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), María Victoria González, ha destacado este miércoles que se obtuvieron 6,9 euros por cada euro invertido el pasado año en actuaciones de lucha contra el fraude fiscal, de modo que afloraron 141 millones de euros de deuda no declarada por los contribuyentes.

Lo ha resaltado en su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha explicado que el organismo que lidera comprobó en 2016 más de 280.000 autoliquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues ambos concentran la mayor parte de los ingresos tributarios que gestiona la Xunta.

Asimismo, ha indicado que, fruto de este aumento del 6% en esas comprobaciones, se practicaron casi 23.000 liquidaciones correctas. Así, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se recaudaron 24,3 millones de euros adicionales y 74,6 millones de euros en el de sucesiones y donaciones.

A esos 98,2 millones de euros ha sumado la responsable de la Atriga otros 36,3 procedentes de casi 600 actas de inspección sobre los grandes patrimonios, en los que se triplicaron las actuaciones realizadas: de 39 en 2015 a 105 el pasado año. Con estas cifras, ha hecho valer la "eficiencia" de su departamento, que logró aflorar más de 400.000 euros por cada empleado.

"BALANCE POSITIVO"

Tras este "balance positivo" que ha realizado María Victoria González de la labor de la Atriga durante el año 2016, tanto Noa Presas (BNG) como Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) y Antón Sánchez (En Marea) han hecho hincapié en la importancia de combatir el fraude fiscal y, particularmente, en los casos de tramas complejas.

Por su parte, el representante del PPdeG en el debate, José González, ha resaltado que "la buena gestión" que está llevando a cabo la Xunta también en el ámbito fiscal es lo que ha permitido reducir los impuestos.

En concreto, sobre los impuestos, la directora de la Atriga ha apuntado que casi 62.800 gallegos recibieron una herencia el pasado año y no pagaron el impuesto sobre sucesiones como consecuencia de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno gallego.

El impacto de esa bajada (y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales) alcanzó los 41 millones de euros en 2016, una cifra que aumentará este año con la reducción del tramo autonómico del IRPF para el 98,5% de los contribuyentes, como ha dicho.

Al hilo de ello, ha recordado que otras casi 8.100 personas no pagaron el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en virtud del programa de impuestos cero en el rural, tanto por la adquisición de un bien rústico como por la ampliación de una explotación agraria.

MENOS FRAUDE

Finalmente, la responsable de la Atriga ha señalado que en 2016 se registró una bajada del fraude fiscal en Galicia, puesto que el 92% de las autoliquidaciones revisadas estaban correctas.

Supone cuatro puntos más con respecto a las cifras del ejercicio anterior, cuando las autoliquidaciones que no necesitaron modificaciones fueron el 88% del total, según sus datos.