El texto expresa "el respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos", así como de la "legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles".

Asimismo, manifiesta una condena explícita al "acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos" mediante actos violentos, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia "toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad, y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia".