Además, la coalición de izquierdas insta al equipo de gobierno de la Diputación a que contrate al personal necesario para que todos los municipios de la provincia cuenten con sus propios planes y calendarios para la implantación de las citadas exigencias de adaptabilidad.

El portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha incidido en el derecho a las personas con discapacidad y a su inclusión social, recordando que el Real Decreto Legislativo 1/2013 establece que "las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión".

Además, continúa el texto, "este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad".

En este sentido, Ahumada ha afirmado que el citado texto funde distintas leyes y ha añadido, además, que esta ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, establece en su artículo 5 los distintos ámbitos de aplicación.

También, según la moción de IU, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el artículo 22 reconoce que "las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida y para ello, los poderes públicos adoptarán medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, tanto en zonas urbanas como rurales".

Entre las medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, ha recordado Guzmán, "se recogen como cuestiones mínimas la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación de equipos e instrumentos, ayudas económicas, servicios auxiliares para la comunicación, el desarrollo de planes y calendarios para la implantación de las exigencias de adaptabilidad, así como recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación".

Otras medidas públicas de accesibilidad se establecen en el artículo 34, contemplando que las administraciones públicas "consignarán en sus presupuestos la financiación necesaria para la adaptación de inmuebles, fomentando la adaptación de inmuebles de titularidad privada, la adaptación de los planes municipales de ordenación urbana, así como las administraciones locales contar con planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines".

Así, ha recordado que antes de que finalice el año, tal como establece la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, concretamente el 4 de diciembre, "los ayuntamientos están obligados a la supresión de barreras arquitectónicas, la adaptación de equipos e instrumentos, ayudas económicas, servicios auxiliares para la comunicación, el desarrollo de planes y calendarios para la implantación de las exigencias de adaptabilidad, así como recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación".

Por todo ello, IU Para la Gente ha propuesto estas medidas "dada las limitaciones de financiación y de personal con las que tienen que lidiar" los municipios menores de la provincia y "ante el marco normativo que obliga al cumplimiento del mismo".