El Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto ley que permitirá a las empresas acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión con carácter previo a la junta de accionistas y con independencia de lo que establezcan sus estatutos, lo que permite acelerar su salida de Cataluña a las compañías que así lo decidan.

Según el ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, la decisión de aprobar el decreto se tomó "a petición de muchas empresas" y para "solventar cualquier dificultad que pudieran tener en el futuro". Luis de Guindos, titular de Economía, Industria y Competitividad, agregó que esta medida se comentó previamente con PSOE y Ciudadanos.

El nuevo procedimiento afectará a todas las empresas salvo a aquellas que, con posterioridad a la publicación del decreto –que se publicará en el BOE y entrará en vigor este mismo sábado–, modifiquen sus estatutos para incluir una ""mención expresa" por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.

Este jueves, el Banco Sabadell, una de las dos grandes entidades bancarias que tenía sede en Cataluña, decidió adelantarse a los riesgos derivados de una eventual declaración unilateral de independencia de Cataluña, y mudar su sede social de Barcelona a Alicante. Tras conocerse el cambio, la entidad se disparó un 6,1% en Bolsa.

CaixaBank y Gas Natural, por su parte, estudiarán en la tarde de este viernes su posible traslado fuera de Cataluña. A la entidad bancaria le beneficia directamente el decreto, pues sus estatutos obligaban a que el cambio pasara por la junta de accionistas. La biofarmacéutica Oryzon Genomics, la teleco Eurona y los laboratorios Proclinic han salido de Cataluña en los últimos días.

Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, por su parte, aseguró horas antes del anuncio del Gobierno central que el cambio de la sede social de las entidades bancarias tiene carácter "temporal" y que había mantenido conversaciones con los responsables de ambos bancos.

Durante la rueda de prensa, el ministro Guindos culpó a la "política irresponsable" de la Generalitat de Cataluña de la fuga de compañías, y calificó de "muy triste" que "estemos viendo la salida de empresas importantísimas de Cataluña". "Esto no es culpa de las empresas", reiteró, sino de las políticas "que generan incertidumbre e inquietud".

El Gobierno va a "favorecer todo lo que permite la prosperidad económica en Cataluña" para que las empresas "puedan creer y puedan generar empleo", agregó el ministro, que subrayó que "lo peor que puede haber en el mundo empresarial" es una política "irresponsable" que genera "alarma", como la del Govern catalán, del que dijo que tendrá que "dar explicaciones" en el futuro.

A esta reunión semanal del Consejo de Ministros, la primera tras la jornada del 1 de octubre, asistieron todos los miembros del Gabinete de Rajoy, después de que alguno de ellos se viera obligado a cancelar algunos actos previstos con anterioridad en su agenda y que iba a impedir su presencia en la Moncloa.

Al margen de las cuestiones vinculadas a la crisis catalana, el Consejo de Ministros aprobó la renovación del Plan Prepara de ayuda para personas desempleadas y que han agotado su prestación. También se dio luz verde a un decreto que regula el bono social eléctrico, que implica rebajas en la tarifa para consumidores con rentas bajas.

A preguntas de los periodistas, Méndez de Vigo no detalló las próximas actuaciones del Ejecutivo frente al desafío secesionista –"el Gobierno sabe cuándo tiene que actuar", dijo–, y llamó a que "no se tomen pasos irreversibles en la mala dirección" y a la "vuelta a la legalidad", porque será entonces cuando se pueda "volver a hablar en el Parlament de Cataluña y fuera de él" y se recupere la "convivencia de todos los catalanes".

El ministro portavoz también subrayó la importancia que para el Gobierno tiene contar con el "respaldo" de partidos como el PSOE y Ciudadanos. "La unidad es importante, y a ella apelamos". "El Gobierno agradece el apoyo importante de PSOE y Ciudadanos", apuntó Méndez de Vigo, que sostuvo que ambos grupos, sumados al PP, constituyen la "inmensa mayoría del parlamento español".

Finalmente, y preguntado por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del 1 de octubre, el portavoz del Ejecutivo dijo que los agentes de ambos cuerpos acudieron por el "mandato de un juez" y "para impedir una votación ilegal", no para actuar "contra personas". "Que hubiera personas que sufrieran consecuencia es algo que todos lamentamos, todos lo sentimos", zanjó.