La Universidad de Sevilla (US) se encuentra en proceso de ejecución de diferentes medidas, relacionadas con aspectos como la ordenación académica y la reorganización de espacios, al objeto de "mejorar el clima laboral" en el Departamento de Educación Física y Deporte, al que pertenecía el catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales contra dos profesoras y una becaria.

Todo ello, según ha precisado a Europa Press la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López, en cumplimiento del informe elaborado por una empresa externa -medida aprobada por el Comité de Seguridad y Salud- sobre la situación en que ha quedado tras el caso el departamento en sí, más allá de la lógica afección directa sobre las denunciantes.

"Ya estamos aplicando estas medidas, aunque aún queda por hacer", ha resumido López, que señala que la Hispalense debe todavía culminar un proceso de evaluación y definición al respecto que desembocará en una aprobación formal por parte del Consejo de Gobierno de la institución.

Por otro lado, la US también aprobó una revisión del protocolo contra casos de acoso, para lo cual ya ha pasado una fase de alegaciones y a finales de noviembre se prevé una jornada de reflexión, con varias mesas de ámbito nacional "sobre el necesario debate universitario en cuanto a distintos aspectos del protocolo".

El objetivo es concluir con un documento en el que se planteen mejoras para que se cuente con "el mejor instrumento posible" para afrontar estas situaciones, ha precisado la vicerrectora.

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) llegó a registrar un escrito dirigido al rector de la institución, Miguel Ángel Castro, solicitando la creación de una comisión de investigación independiente sobre el caso para analizar las actuaciones llevadas a cabo por la Hispalense tras la denuncia de abusos sexuales presentadas por dos profesoras y una becaria de la Educación en 2010 contra el catedrático Romero.

La sede académica remitió, de su parte, un escrito a los Decanatos de centros con los cuales adjuntaba un tríptico informativo sobre el protocolo para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, solicitando la divulgación del mismo entre toda la comunidad universitaria.

De hecho, en el escrito, consultado por Europa Press, se instaba, si ello fuese posible, al debate sobre los aspectos del mismo que, desde la perspectiva de cada centro, puedan considerarse "mejorables", de cara a la recepción de las aportaciones para la mejora del protocolo.

El caso se saldó con la dimisión del por entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan de Pablos, al objeto de abrir una "nueva etapa". Alfonso García fue posteriormente elegido como nuevo decano del centro.