Oña, que ha mantenido un encuentro este lunes con representantes de las 150 personas que conforman este colectivo en la provincia de Málaga, ha anunciado que esta petición la trasladará esta semana en persona a la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, en el Parlamento de Andalucía.

La 'popular' ha expresado que "si hace falta trabajo, si estamos hablando de un colectivo muy perjudicado, de difícil inserción laboral, si ya tenían un contrato que se hizo en fraude de ley y que por tanto el despido es improcedente, si ya lo ha dicho un juez, ¿qué más tiene que pasar para que vuelvan a su trabajo?".

Las 150 personas afectadas en Málaga -aproximadamente unas 1.000 personas en toda Andalucía- pertenecen al colectivo de monitores escolares administrativos que fueron contratados por la Junta de Andalucía en 2013 dentro de un plan de choque para suplir las funciones que realizaban en los centros escolares otros monitores similares que fueron despedidos por la Junta por estar en situación de cesión ilegal.

Sin embargo, en noviembre de 2014, los monitores contratados en el plan de choque también fueron despedidos cuando la Junta perdió en los tribunales y se vio obligada a readmitir a los primeros.

Ahora una sentencia de un tribunal de Málaga fechada el 7 de septiembre da la razón a 87 de estas monitoras del plan de choque, de las que el juez considera que fueron contratadas en "fraude de ley" y su despido fue "improcedente", por lo que establece la obligación de la Junta de readmitirlas o bien indemnizarlas. Una sentencia que, según ha expresado Oña, "la Junta no debería ni cuestionar ni recurrir, sino cumplir con la mayor rapidez".

CONTRATOS

Según ha explicado la parlamentaria 'popular', "estos contratos afectan en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, a mujeres de más de 40 años, y por tanto es un colectivo al que siempre se destina, o lo dice la Junta de boquilla, el máximo interés para que puedan trabajar".

Además, ha señalado que "ellas si han pasado por un concurso para elegirlas en el momento de la contratación, es decir, tuvieron que acreditar su formación en tareas administrativas y tienen todas ellas una solvencia en cuanto a experiencia que en estos momentos vendría muy bien" para aliviar la situación administrativa que sufren muchos centros educativos".

"Yo puedo trasladar este asunto a iniciativas parlamentarias si es necesario, pero mi primera gestión será trasladar este asunto directamente a la consejera", ha afirmado.

En ese sentido, Esperanza Oña ha anunciado que "si esta gestión directamente con la máxima responsable de la Educación en Andalucía falla, veremos la conveniencia de adoptar otras iniciativas, pero en un principio vamos a apostar por el diálogo y por poder llegar a un acuerdo".

Por último, ha explicado la parlamentaria que "teniendo en cuenta que hace falta mayor personal y mejor organización en el sistema educativo, y que estas trabajadoras que han sido despedidas injustamente puedan volver con la justicia por delante, porque les ha dado la razón, a sus puestos de trabajo", ha concluido.