La decisión tomada por la máxima instancia judicial argentina de invalidar las leyes conocidas como "Punto Final" y "Obediencia Debida" permitirá seguir adelante con numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar.
La Corte decidió el fallo con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que uno votó en contra de la resolución y otro se abstuvo de pronunciarse.
El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres años un caso específico sobre la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por un chileno y una argentina y la apropiación de la hija de ambos. En cualquier caso, la resolución sienta un precedente que abre la posibilidad de que un número indeterminado de militares y policías -entre quinientos y un millar- que participaron en la represión ilegal sean enjuiciados.
La Corte convalidó una serie de fallos de instancias judiciales inferiores que a partir de marzo de 2001 cuestionaron la validez de las llamadas "leyes del perdón", que habían sido aprobadas por el Parlamento en la década de los años 80 bajo presión militar.
Las principales causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura fueron reabiertas por la justicia luego de que en agosto de 2003 el Parlamento anulara las normas de Punto Final y Obediencia Debida. De los militares y policías que figuran como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en actividad", señalaron portavoces del Ministerio de Defensa, cuyo titular, José Pampuro, reconoció que "hay algún tipo de inquietud" entre los militares involucrados.
La inconstitucionalidad de las "leyes del perdón" era un antiguo reclamo de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, que celebraron el fallo de la Corte Suprema por considerar que contribuye a terminar con la impunidad en Argentina. La aprobación de las normas de Punto Final y Obediencia Debida se produjo en 1986 y 1987, respectivamente, cuando el Gobierno del entonces presidente, Raúl Alfonsín, tuvo que hacer frente a rebeliones militares en protesta a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.
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