El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río (Sevilla) ha citado a declarar como investigada este próximo lunes a la alcaldesa de Cantillana, Ángeles García Macías (PSOE), por un posible delito de prevaricación urbanística tras una denuncia interpuesta por el PP por la construcción de una escuela de equitación a pesar de que la Junta emitió un informe "negativo" a su construcción.

En un comunicado remitido a Europa Press, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Cantillana, Enrique Naranjo, ha asegurado que "el 4 de enero de 2016 se inició en el Ayuntamiento de Cantillana la tramitación para la construcción de este centro ecuestre que, según el proyecto, se llevaría a cabo en suelo no urbanizable".

En este sentido, precisa que, como consecuencia de este trámite, y después de que la propia arquitecta técnica municipal afirmara en su informe que "el proyecto de actuación incumplía la normativa urbanística", fue la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la que, según resolución de 15 de julio de 2016, "denegó la aprobación del proyecto porque 'no cumple con las determinaciones urbanísticas de aplicación'".

"Sin embargo, y a pesar de este informe contrario de la propia Junta, el proyecto siguió su curso ante la inacción de la alcaldesa, que no hizo absolutamente nada a pesar de conocer que se estaba realizando una actividad irregular en suelo no urbanizable y en contra de la normativa y de la opinión de los técnicos manifestadas en sendos informes", añade el 'popular'.

En este sentido, ha asegurado que "en democracia" los representantes públicos "están para proteger la ley y defender los intereses de los ciudadanos", por lo que "es inadmisible que la alcaldesa no solo haya mirado para otro lado ante la consecución de un proyecto con informes técnicos en contra, sino que además, durante este tiempo, se ha permitido el lujo de felicitar y apoyar la construcción de esta escuela aunque ella supiera que estaba al margen de la legalidad".

Ante esta situación, desde el PP de Cantillana interpusieron una denuncia contra la alcaldesa el pasado 29 de junio y, como consecuencia, el próximo lunes la alcaldesa "tendrá mucho que explicar ante la justicia por unos hechos que implicarían un posible delito de prevaricación en cuanto a una conducta omisiva reiterada en el tiempo y que ha impedido la reposición de la legalidad que hubiera supuesto el impedir la construcción de este proyecto en suelo no urbano y en contra de la propia Junta de Andalucía".