En una nota, ha señalado que "esa es la conclusión principal" de la reunión que mantenida este miércoles entre la Subdelegación del Gobierno en la provincia, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque.

En este sentido, ha añadido que trasladará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Roque "la defensa de los intereses del municipio, de los intereses de su fauna y flora" y, por tanto, que emprenda acciones judiciales "contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar con ese cierre del río Guadiaro".

"Esta dejación de funciones afecta al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, conocedor de esta situación, al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, presente en esta reunión, y también, con esa aportación de soluciones tan erróneas, al jefe de la Demarcación de Costas del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Patricio Poullet", ha afirmado el alcalde.

Además, Ruiz Boix ha manifestado que confía en "que no sea noticia en los próximos días que una bancada de peces mueren en el río Guadiaro ante la desidia y la dejadez del Gobierno central por asumir sus competencias".

En este sentido, ha añadido que "si hay algún tipo de delito medioambiental, que los que defendían que tenían las competencias para sancionar, se arrojen también las competencias de esa dejadez, y por tanto se hagan responsables de la posible mortandad de peces que ocurra ante la no actuación de abrir la bocana del río Guadiaro".

Ruiz Boix ha lamentado que "tras este debate de una hora y media no se ha concluido nada, únicamente la intención del Gobierno de pedir un informe a la abogacía del Estado, que se encarga o llega tarde, porque ya lo podrían haber pedido el año pasado, o en cualquiera de las dos actuaciones que se ha realizado este año".

"Nos hemos quedado perplejos ante algunos argumentos del Gobierno central, representados por su jefe de Demarcación de Costas con afirmaciones de que quizás el estado natural del río Guadiaro sea que su bocana deba estar cerrada", ha señalado el alcalde.

Ruiz Boix ha recordado que "desde hace varios años, pero principalmente en los dos últimos, se ha mantenido un debate en los medios de comunicación entre las tres administraciones para ver quien tiene las competencias". "El Ayuntamiento de San Roque, en estos dos últimos años, ha tenido que actuar con dinero público de todos los sanroqueños en tres ocasiones, tras el verano del pasado año y dos más durante el verano de este 2017", ha recordado el alcalde.

En este sentido, ha añadido que "la suma de las actuaciones de esa factura es de más de 14.000 euros que pagan los sanroqueños para actuaciones que no les corresponden en ningún caso, porque todo se resume en un peloteo entre dos administraciones, Gobierno central y Junta de Andalucía".

"El Gobierno central después dos años no tiene claro aún las competencias, y señala que le va a pedir a la abogacía del Estado un informe sobre las mismas", ha criticado el alcalde, que ha recordado que "el Ayuntamiento sí que recuerda que en una de las actuaciones, cuando fue a actuar por emergencia y debido a la mortandad de peces, sufrió la apertura de un expediente sancionador".

En este sentido, Ruiz Boix ha afirmado que "entendemos que quien tiene la capacidad y potestad de sancionar es quien tiene las competencias de ese río y de su bocana, como es el Gobierno de España, quien amparado en la Ley de Costas, amenazaba con multar con un importe de hasta 300.000 euros por actuar en emergencia".

El alcalde ha señalado que todas las competencias sobre el dominio público marítimo terrestre corresponden al Gobierno de España, y principalmente el artículo 111.A de la Ley de Costas indica que serán obras de interés general y por tanto corresponderá su competencia a la Administración General del Estado todas las que se consideren necesarias para la protección, la defensa, la conservación y el uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integran.

Por ello, el alcalde ha manifestado que le "sorprende que hayan tantos impedimentos que no existen para otras actuaciones en otros ríos de la provincia de Cádiz, donde sí vienen actuando".