Un perito afirma que si se construye la ópera "no hay más remedio" que contratar de nuevo a Calatrava

  • Ejecutar a día de hoy el proyecto de la Ópera y la reordenación de la bahía de Palma que ideó Santiago Calatrava por encargo de Jaume Matas requeriría contratar de nuevo al arquitecto, debido a las cláusulas administrativas del contrato, según un perito. "No hay más remedio", ha enfatizado.
Santiago Calatrava
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EUROPA PRESS
Santiago Calatrava

Así lo ha indicado durante su declaración en el juicio en la Audiencia Provincial de Baleares por la adjudicación presuntamente irregular del diseño de un Palacio de la Ópera en Palma por 1,2 millones de euros, por parte del ex presidente del Govern, Jaume Matas, al arquitecto Santiago Calatrava.

Según ha detallado el perito, en el pliego de cláusulas administrativas se incluyó una cláusula con la que el arquitecto conserva la propiedad intelectual del objeto del contrato. De este modo, aunque se estaba contratando un anteproyecto -el diseño de la Ópera y no su construcción- si el Govern ahora quisiera ejecutarlo "no habría más remedio que tener que contratar de nuevo" a Calatrava y no lo podría hacer otro arquitecto.

En este sentido, en virtud del contrato el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), dependiente de la Conselleria, podía contar con la propiedad intelectual solamente para la difusión y la publicidad del proyecto.

El perito ha destacado que no hubo negociación sino que "se adjudicó por el mismo precio inicial sin ninguna otra condición".

EL CONTRATO FINALIZÓ EN 11 DÍAS

Además, el perito también considera llamativo que aunque el contrato se adjudicó el 24 de abril de 2007 y el 27 se firmó, el 8 de mayo el despacho de Calatrava ya presentaba las facturas. Es decir, "ha finalizado el contrato 11 días después de haberse firmado", ha recalcado.

Al respecto, ha calificado como "curioso" que el arquitecto elaborara "en un plazo tan inmediato" tanto el diseño del proyecto como las dos maquetas.

Por su parte, el jefe de los servicios jurídicos de la Conselleria ha apuntado a una posible invalidez del contrato.

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