La preocupación por la emisión de gases contaminantes y el consumo de energía alcanza ya a todos los ámbitos de la sociedad. Y el sector de la construcción no podía ser diferente, sobre todo teniendo en cuenta que los edificios son los responsables del 40% de la demanda energética.

A partir del día 1 de noviembre, las nuevas construcciones –y aquellas que sufran una reforma superior al 25% de su estructura– están obligadas a cumplir la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, una nueva normativa europea que busca el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.

Para conseguirlo, la UE ha fijado una serie de características mínimas en cuestiones como el aislamiento, los sistemas de acondicionamiento, ventilación, iluminación e incorporación de energías renovables. A través de un programa informático, los agentes de las distintas comunidades autónomas deberán velar por su cumplimiento y evaluar los edificios para asignarles una etiqueta energética.

Esta clasificación, que deberá ser exhibida a posibles compradores, es similar a la que se aplica a los electrodomésticos. Consta de seis clases distintas, según la cantidad de CO2 que cada edificio emite a la atmósfera.

De la A a la G

La clasificación se establece de la A a la G, teniendo en cuenta el ahorro energético, en orden descendente. La clase A representa alrededor de un 75% de ahorro con respecto a las construcciones antiguas. Las clases B y C suponen un 60% y un 35% de ahorro, respectivamente. Las D y E son las estrictamente reglamentarias, mientras que las F y G estarían fuera de la legalidad.

Este sistema permitirá establecer un criterio objetivo para evaluar los edificios desde el punto de vista ambiental, además de convertirse en un valor añadido para el edificio y un ahorro económico para sus habitantes.