El delito de sedición está recogido en el artículo 544 del Código Penal, en el que se dice que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas determinadas para este delito pueden oscilar entre los 8 y 10 años de cárcel para aquellas personas que puedan haber inducido, sostenido o dirigido la sedición y una pena de cárcel de 10 a 15 años si son autoridades públicas.

La Fiscalía pidió una investigación por sedición, en relación a los disturbios en Cataluña vividos el pasado miércoles, en el que miles de personas trataron de sabotear la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en la consellería de Economía, en el marco del referéndum del 1-O. Como resultado, la jueza Carmen Lamela ha citado a declarar al mayor de los Mossos Josep Lluìs Trapero, y a los presidentes de la ANC y Omniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de una intendente de la policía catalana.