Save The Children alerta de que en España las denuncias de abusos sexuales a menores han aumentado un 15,8% en un año (al pasar de 3.502 casos en 2015 a 4.056 en 2016) y que "por una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas" el 70% de ellos nunca llega a juicio.

Del incremento en los casos de abusos sexuales a menores de edad también da fe la última memoria de la Fiscalía General del Estado, que asegura que la cifra de 2016 "es la más alta, con diferencia, de la presente década".

La ONG de atención a la infancia acaba de publicar un informe,  'Ojos que no quieren ver', sobre abusos sexuales infantiles en España donde constatan fallos en el sistema de prevención, protección y asistencia a las víctimas. Además, hacen hincapié en la gran prevalencia e invisibilidad de este tipo de abusos. "Entre un 10% y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia", recoge el informe, y "tan solo un 15% de los casos son denunciados".

Actualmente, siete de cada diez denuncias se archivan en la fase previa el juicio, denuncia Save The Children, que atribuye tan alto porcentaje a que en España se está conculcando el derecho de los niños a ser escuchados. Sus estudios dicen que la mayoría de los niños tienden a ocultar abusos y son una minoría, solo un 7%, los que está demostrado que mienten o se los inventan.

Save The Children ha analizado 203 sentencias judiciales dictadas en España entre octubre de 2012 y diciembre de 2016. Ana Sastre, directora de políticas de infancia de la ONG, ha lamentado que denunciar, sin embargo, no sea garantía de protección para el menor que ha sido víctima de un abuso sexual.

"El proceso judicial dura tres años de media en los que los niños tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces, y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. El que llega al final es un héroe", ha asegurado Sastre.

Sobre el perfil de los abusadores condenados, el informe refleja que la mayoría son varones (86%) y que el 11,9% era menor de 20 años. Además, el 60% formaban parte del entorno de los menores y pueden pertenecer a cualquier clase social. "No son monstruos, no son enfermos mentales. Son personas sin carácter psicológico especial", ha explicado Andrés Conde, presidente de Save the Children. A su vez, se distinguen dos tipologías: el pedófilo, que siempre se siente atraído por menores, o el abusador circunstancial, el más habitual, que no se siente atraído solo por menores pero en algún momento comete un abuso infantil.

Sobre las víctimas, el estudio especifica que suelen ser niños y niñas vulnerables y en porcentajes similares. "Pasivos, sin afecto, con poca confianza en sí mismos. En familias disfuncionales donde se carece de un adulto protector o con discapacidad intelectual". En el caso de los niños, son abusados entre los 11 o 12 años y su agresor es un conocido con autoridad (entrenador, profesor, monitor). Las niñas son abusadas mayoritariamente entre los 7 y los 9 años por un agresor de su entorno familiar.

De media los niños vienen sufriendo cuatro años seguidos de abusos. Estos delitos les dejan graves efectos emocionales, como ansiedad, miedo culpa, baja autoestima o depresión. Pero también efectos sexuales, como un comportamiento sexual precoz o inapropiado, exhibicionismo o promiscuidad, dice el informe. Entre los efectos sociales en los niños citan retraimiento y conducta antisocial. De cómo el entorno aborde los abusos dependerá la gravedad de las secuelas, advierten los expertos.

Save The Children ha reclamado este miércoles que se apruebe en el plazo de doce meses, como máximo, la ley específica para la erradicación de la violencia contra la infancia, de la que espera mejore la asistencia jurídica a los menores. Para la ONG, el proceso judicial actualmente no presenta en España las suficientes garantías para los menores. Entre otros cambios, pide que en los juicios no se obligue a los niños y niñas a contar sus abusos repetidas veces y que su testimonio, principal prueba a menudo de los abusos, lo recojan siempre profesionales especializados.

"Solamente el 14% de los jueces admite la prueba preconstituida, es decir una única grabación del testimonio del menor. Hay que revertir ese porcentaje", ha pedido Ana Sastre. Asimismo, la directora de políticas infantiles de la ONG plantea que la prescripción de los casos de abuso sexual infantil no comience a contar hasta que la víctima cumpla 30 años, y no a los 18 años, como ocurre ahora.

A nivel preventivo, las soluciones que da la ONG pasan por una educación sexual y afectiva desde edades tempranas, que ayude a los niños a identificar abusos, una parentalidad positiva y formación específica al personal que trabaja con la infancia, tales como protocolos internos en los colegios y coordinación entre administraciones.

Joan, de padre desaparecido y madre toxicómana, entró a vivir a los 10 años en un centro de menores. Allí conoció a David, un administrativo que dejó su trabajo para dedicarse profesionalmente a la acogida en casa de niños tutelados. Entre ellos, Joan. Seis meses después de su llegada, David puso a Joan ver una película pornográfica y le invitó a que se masturbara. Esa misma noche empezaron los abusos y las fotos. Al día siguiente estuvo a punto de contárselo a sus compañeros de clase en el recreo. Pero no tuvo valor. "Aprendí a olvidarlo como si no hubiera pasado nada. Lo borraba. Me hacía el dormido y como si no pasara nada", le ha contado Joan a Save the Children.

Joan sufrió abusos de su tutor legal, David, durante nueve años seguidos. Y él no fue el único de su casa, por la que pasaron catorce adolescentes. Años después, ya siendo mayor de edad, la Policía pidió a Joan ayuda para reconocer a otros menores de edad retratados en el material pedófilo de David. Después de revisar 300 cintas de vídeo y más de 130.000 fotografías Joan entró en depresión. Y solo entonces reconoció que había sido un niño abusado.