El Govern recurre la intervención de Montoro: ¿en qué consiste y cómo afecta al referéndum?

El Govern recurre la intervención de Montoro: ¿en qué consiste y cómo afecta al referéndum?

  • La Generalitat ha presentado este lunes un recurso contencioso administrativo ante el Supremo y pide la suspensión cautelar de la 'intervención'.
  • Mañana cumple el plazo para que Puigdemont firme la orden de no disponibilidad de pagos y la delegación al Estado del pago de servicios esenciales.
  • Montoro, que explica este miércoles la medida en el Congreso, firmará la orden él mismo si no hay respuesta del president del Govern.
  • "¿Cuanto va a durar esta situacion? Hasta que quiera quien ha generado esta siutacion", ha asegurado este lunes Enrique Fernandez de Moya.
  • DOCUMENTO: La orden publicada con la intervención de las cuentas [PDF].

Las 48 horas de plazo que concedió el Gobierno al president Puigdemont para firmar la orden de no disponibilidad de pagos se cumplen este martes. Si no hay respuesta —y de momento la única que ha ofrecido el Govern catalán ha sido recurrir hoy la orden al Supremo—, será Montoro quien firme la 'intervención de facto' de las cuentas catalanas para que no se dediquen fondos al referéndum ilegal del 1 de octubre.

El ministro explicará este miércoles en el Congreso los motivos de la intervención y los detalles de una decisión que pone coto a los gastos en Cataluña y fiscaliza que ninguna partida de dinero público se dedique a un referéndum cuya ley ha sido declarada ilegal por el Constitucional.

¿Por qué el Gobierno ha tomado esta decisión?

El Gobierno lleva tiempo diciendo que la Generalitat no puede dedicar dinero público a un referéndum ilegal. Menos ahora, que ha sido suspendido por la Justicia. El 21 de julio exigió al Govern catalán un informe de gastos semanal y no mensual como hasta entonces. El vicepresidente catalán Oriol Junqueras comunicó el jueves a Hacienda que se negarían a este informe semanal, lo que le obligaría a detallar sus gastos en estos días previos al referéndum. Ese comunicado disparó la medida que Hacienda tramitó el viernes.

¿A qué se obliga exactamente a Cataluña?

Básicamente, a tres aspectos: la primera, a un control exhaustivo de los gastos de dinero público de la Generalitat para que no se dediquen fondos al referéndum. La segunda, a no emitir deuda pública que no tenga como destino la satisfacción de servicios públicos. Y tercero, se insta a los bancos a no aceptar transacciones no validadas por la Intervención General. Hacienda concedió 48 horas a Carles Puigdemont para firmar el acuerdo de no disponibilidad. La publicación en el BOE se produjo el sábado. Y como el domingo fue día festivo, la respuesta tiene que llegar mañana martes.

¿Cómo lo justifica el Gobierno?

Tres párrafos y un apartado específico dedicó el Gobierno el viernes a explicar la medida. Hacienda admite que la medida "afecta a la autonomía financiera de la Generalitat", pero lo justifica en un "contexto político y jurídico de enorme gravedad" —la aprobación de las leyes del reférendum— y por la "vulneración"  de las comunicaciones semanales a las que se obligó al Govern en julio por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

¿En qué consiste exactamente la intervención de las finanzas catalanas?

La Generalitat no podrá pagar nuevos gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, servicios sociales, justicia, prisiones, transporte público o seguridad ciudadana) o por razones de "extraordinaria necesidad" siempre que cuenten con la aprobación del interventor catalán.

¿Cuanto va a durar? Hasta que quiera quien la ha generado esta situación de excepcionalidadAdemás, las nóminas de los funcionarios de la Generalitat y las facturas de servicios esenciales dejarán de ser abonadas por Cataluña. El interventor enviará a Hacienda una vez al mes un desglose de acreedores con los que se tiene obligaciones... y será la Secretaría general del Tesoro —dependiente de Economía— quien ordenará esas partidas con cargo a los 1.400 millones de financiación autonómica que corresponden a Cataluña.

¿Y el Gobierno puede hacer eso?

Lo tendrá que dictaminar el Supremo, pero el Gobierno defiende que lo hace para "proteger el interés general". Hacienda dice que la política económica y la estabilidad presupuestaria dependen del Estado y que la crisis en Cataluña "introduce incertidumbre", puede "perjudicar a la recuperación del país" y es un riesgo que "desaceleraría la economía, afectaría al empleo y la reducción del déficit público". Junqueras lamenta, sin embargo, que la orden "bloquea" partidas de industria, ganadería, agricultura, cultura, deporte y una renta garantizada que entraba en vigor el 15 de septiembre.

¿Esto no es aplicar el artículo 155 de la Constitución?

Hacienda niega que se trate de un control político de la autonomía porque "en ningún momento suspende sus competencias". Es decir, descarta haber hecho uso del famoso artículo 155 de la Constitución que abre la puerta a la suspensión de la autonomía catalana... pero sí interviene sus finanzas. No es lo que opina el Govern. Y tampoco la CUP. "Es un intento de suspender la autonomía por la puerta de atrás aplicando el 155, sin convocar al Senado y a todos los mecanismos establecidos", lamenta Eulàlia Reguant, diputada del partido que sirve de muleta al Govern en su proceso independentista.

¿Cómo ha reaccionado la Generalitat?

El Govern ha presentado este lunes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar de la orden porque, dicen, no está amparada por ninguna ley y es impugnable. El recurso —que circulará de forma paralela a otro contra el fondo de la medida— defiende que el Gobierno hace un uso "ilegal" de la ley de estabilidad financiera.

"Nos intervienen por hacerlo demasiado bien", ha ironizado hoy Junqueras, que recuerda que su Gobierno ha recortado el déficit y el período de pago a proveedores. "No deja de sorprender positivamente que Junqueras acuda a los tribunales del Estado, del que dice quererse separar, para defender las competencias de la Generalitat. Es curioso. Es un hilo de esperanza", ha ironizado por su parte Salvador Illa,secretario de Organización del PSC.

¿Cuándo se pronunciará el Supremo?

El recurso ha solicitado medidas "cautelares" para la suspensión de la orden, pero no medidas "cautelarísimas". Una circunstancia que, según explican fuentes del tribunal a Efe, retrasa la decisión del Supremo porque permite a la abogacía del Estado presentar alegaciones en un plazo de diez días. De hacer sido una petición de suspensión "cautelarísima", el Supremo habría tenido que pronunciarse en 48 horas. Y de haber dado la razón al Govern, se habría frenado inmediatamente la orden de Montoro.

¿Qué pasa si Cataluña incumple la orden de Montoro?

Si Carles Puigdemont no firma la orden de no disponibilidad —y Hacienda de momento no ha recibido ninguna comunicación de que vaya a hacerlo— será Montoro quien, de forma unilateral, firmará el acuerdo de no disponibilidad de gasto y lo remita al presidente catalán y a la Intervención General.

¿Hasta cuándo durará la intervención?

" Hasta que quiera quien la ha generado esta situación de excepcionalidad", ha asegurado este lunes Enrique Fernandez de Moya, secretario de Estado de Hacienda. La intervención de facto de las cuentas catalanas se prolongaría, según el BOE, "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos" en la región.

¿Afectará a la organización del referéndum?

El Govern catalán niega que vaya a frenar el pleibiscito. "La intervención no impedirá que los catalanes voten el 1 de octubre... pero sí tendrá efectos negativos sobre la economía y la cohesión social", ha asegurado este lunes Junqueras. El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, añadió esta misma mañana que la organización del pelibiscito no depende de los pagos que vayan a realizarse en las próximas dos semanas.

¿Y a la deuda que emite Cataluña para financiarse?

Aquí el cepo de Hacienda es importante. Los gobiernos regionales pueden financiarse en los mercados emitiendo deuda con el único límite que le impone el Pacto de Estabilidad. Pero Cataluña, a pesar de tener aprobada su senda de endeudamiento con el plan económico financiero, deberá pedir autorización previa al Consejo de Ministros a partir de ahora. "Incluidas las operaciones a corto plazo", exhorta la orden publicada el sábado en el BOE.

¿Por qué Hacienda se apoyará en los bancos?

Hacienda ha exigido al interventor de la Generalitat que entregue en 48 horas una lista de operaciones financieras del Govern. Y con ella en la mano, pedirá a las entidades "evitar" colaborar con un "referéndum ilegal" y comunicar a la Fiscalía cualquier pago o transferencia relacionada con este proceso. Montoro equipara esta vigilancia con la que ya efectúan los bancos con otras actividades ilegales, como el blanqueo de dinero.

Las entidades deberán comprobar que cada pago efectuado por el Govern a en sus oficinas lleve adherido un certificado del Interventor General catalán que acredite que no está relacionado con el 1-0. Si no existe esta acreditación previa, el pago deberá acompañarse de una declaración de responsabilidad firmada por el titular del área autonómica que efectúa el pago. "La no remisión del certificado o de la declaración de responsabilidad a la entidad de crédito, o la falsedad de su contenido, dará lugar a responsabilidades de todo orden... incluida la penal", dice la orden.

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