El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta a la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara en la que insta al Consejo de Gobierno a desarrollar medidas con carácter "inmediato" para proceder al pago de ayudas a los ganaderos y agricultores afectados por el incendio de El Castillo de las Guardas (Sevilla) del verano de 2016.

Según recuerda la cuestión del PP, suscrita por el parlamentario Jaime Raynaud y consultada por Europa Press, entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre del pasado año el municipio sufrió "el mayor incendio forestal de Andalucía", afectando a decenas de agricultores y ganaderos, que sufrieron numerosas pérdidas.

Desde que ocurrieron los hechos, Raynaud señala que los afectados no han percibido "la más mínima indemnización" por parte de la Junta de Andalucía "a pesar de las promesas efectuadas por los representantes de la misma".

Sobre el asunto, el alcalde de El Castillo, Gonzalo Domínguez (PSOE), ha manifestado a Europa Press que, partiendo de la base de que la normativa andaluza prohíbe "totalmente" ayudas que puedan contribuir a la incentivación de los incendios, desde la Junta sí se han articulado algunas medidas relacionadas con el tramo de IRPF y la reforestación.

No obstante, el primer edil considera que El Castillo de las Guardas necesita un plan especial y algún tipo de refuerzo para los trabajadores del campo, dado que los incendios -este verano el pueblo a vuelto a sufrir otro que ha afectado a más de 800 hectáreas-, unido a las características de "diseminación" de una localidad con 260 kilómetros cuadrados de término municipal, hacen que "nos estemos quedando sin éste", a lo que se une que se trata del segundo municipio con más paro de la provincia.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN

En este sentido, la Diputación de Sevilla, en sesión ordinaria de Pleno en septiembre de 2016, realizó una declaración institucional, con el apoyo unánime de sus cinco grupos, en la que se solicitaba a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior que propusieran al Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para la localidad, tras un fuego que afectó a 1.845 hectáreas.

La declaración institucional fue leída por el propio alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez (PSOE), y con ella la Diputación se sumaba a la petición ya aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de dicho municipio, en la que se apostaba por la solicitud urgente de esta declaración, una declaración "plenamente justificada", según la corporación provincial.

El incendio fue declarado nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales en su fase provincial y obligó al desalojo de un centenar de personas, para lo cual se movilizaron una decena de agentes y técnicos de Emergencias Andalucía; el jefe de servicio de Protección Civil y un asesor de Emergencias, así como agentes de la Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local y efectivos de bomberos. Las pesquisas de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales apuntaban a que fue intencionado y que, al menos, fueron dos los focos que lo originaron.

Las operaciones de extinción, según el informe del Infoca, quedaron condicionadas por la sequía acumulada en los últimos meses, una baja humedad relativa en la vegetación y "la capacidad de convección de una especie como el eucalipto, que arde con gran facilidad y provoca múltiples focos secundarios mediante la emisión de pavesas".

El Infoca desplegó a 362 efectivos, que trabajaron con temperaturas superiores a los 40 grados, y se activaron 20 medios aéreos durante las dos jornadas que duraron las tareas de extinción, incluidas siete aeronaves del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Además, se emplearon para afrontar en este siniestro diez vehículos pesados, dos Unidades Móviles de Meteorológica y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif) y la Unidad Médica (UMIF).