Un juez federal de Chicago (EE UU) bloqueó este viernes las nuevas reglas del presidente Donald Trump para retener fondos federales a las ciudades que establecen políticas santuario para proteger a los indocumentados.

El juez de distrito Harry Leinenweber dictaminó que la Alcaldía de Chicago había probado la "probabilidad de éxito" de los argumentos de su demanda presentada el mes pasado contra el gobierno federal.

Según la demanda, el fiscal federal, Jeff Sessions, excedió su autoridad al imponer nuevos estándares a la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales.

El juez señaló que también quedó demostrado que la ciudad podría sufrir un "daño irreparable" en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera que los nuevos estándares del Departamento de Justicia.

"Una vez que se pierde esa confianza, no se puede reparar y es del tipo de daño que es especialmente difícil de rectificar si tuviéramos que esperar a que la demanda sea resuelta", agregó.

El bloqueo preliminar se aplicará en todo el país, donde hay unas 600 ciudades y condados que establecen políticas santuario y que podrían ser afectadas por la medida.

En un memorando, Sessions dijo que se negarían los fondos porque las ciudades santuario "no cumplen voluntariamente" con la ley federal que obliga a los Gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

Según añadió, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles, pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no informan de cuándo un indocumentado va a ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.

Al presentar la demanda, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional.

Asimismo, la ciudad argumentó que se estaría sentando un precedente peligroso que podría conducir al bloqueo de otros fondos federales.

En el caso de Chicago se perderían 3,2 millones de dólares del fondo de apoyo policial, una cifra que "es preciosa porque salva vidas", dijo esta semana en una audiencia el abogado de la Alcaldía, Ron Safer, quien pidió al juez que no apoyara "el despojo sin precedentes de poder", que estaría cometiendo el fiscal general.

"Si se imponen las condiciones de Sessions, se romperá el vínculo de confianza entre la comunidad inmigrante y las fuerzas del orden, y eso resonará en las calles de Chicago", afirmó.