Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la denuncia, esta se ha registrado a raíz de una queja formulada en junio por empresas catalanas. La denuncia del Defensor del Pueblo Catalán se basa en que "la medida constituye una ayuda de Estado".
El acuerdo entre PNV y PP preveía la modificación en 2018 de la tarifa eléctrica, un cambio que afecta a unas 1.250 sociedades del conjunto del Estado, alrededor de 800 de Euskadi.
El Gobierno central se comprometió a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en el año 2018.
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