El Tribunal Supremo ha emitido una providencia que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de A Coruña y la comunidad de propietarios del antiguo edificio Conde de Fenosa contra un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sobre la demolición del inmueble.

En concreto, en septiembre de 2016, el alto tribunal gallego desestimaba ya los recursos de reposición interpuestos tanto por la administración local como por los habitantes del inmueble.

En ellos, se trataba de declarar la imposibilidad legal de ejecución de sentencia que ordenaba que el edificio recuperase su estado previo a la reforma que se llevó a cabo en 1997, durante la etapa de gobierno del exalcalde socialista Francisco Vázquez.

De la decisión del Tribunal Supremo ha informado el gobierno local coruñés, cuyo concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, ha lamentado la decisión judicial.

Así, en un comunicado, expresa "la frustración del equipo de gobierno ante la evidencia de que la losa del pasado, de una gestión urbanística incorrecta e irregular, compromete la solvencia del ayuntamiento".

"MALA GESTIÓN DEL PASADO"

Al respecto, recuerda que el edificio de la calle Fernando Macías fue construido bajo el mandato del entonces alcalde Francisco Vázquez. Mientras, subraya que con la llegada de la Marea, se realizó "un esfuerzo muy importante con el objetivo de minimizar las consecuencias de la mala gestión urbanística del pasado".

Ahora, tras esta decisión judicial, señala que "en este tema hay unos responsables políticos". También asegura que desde el ayuntamiento "no se va a asumir nada que no le corresponda".

Por ese motivo, añade que no dejarán de explorar "todas las vías posibles para exigir responsabilidades a los culpables de esta situación", añade sobre la obligación de restaurar el edificio a su estado original, antes de 1997.

Por otra parte, precisa que "ahora es el momento de determinar la forma concreta de ejecución de la sentencia" sobre un asunto que lleva 20 años en los tribunales y de fijar "las máximas garantías posibles para las personas afectadas".