Así lo ha anunciado este martes el portavoz parlamentario de MÉS, David Abril, en declaraciones a los medios.

En concreto, MÉS ha dirigido estas preguntas a la Conselleria de Presidencia -de la que depende la Abogacía de la Comunidad- y a la Conselleria de Territorio.

Abril ha recalcado que la sentencia, que se publicó en verano, señala como "responsable política directa" a Cabrer, actualmente diputada del PP en la Cámara balear.

Según Abril, "haga lo que haga" el Govern tendrá que pagar "al menos" 20 millones de euros públicos, tanto si se indemniza a la empresa que denunció los hechos como si se negocia el mantenimiento de la actual concesión. Además, se trata de una sentencia del Tribunal Supremo sin posibilidad de apelación.