"No queremos desconectar al usuario de P2P, por ahora apostamos por informar"

"Ni el Gobierno ni ningún partido español tienen el valor que ha demostrado el presidente Sarkozy". Quien lo dice José Manuel Tourné, director general de la Federación Antipiratería (FAP), que se muestra poco optimista respecto a la posibilidad de que en España se introduzcan medidas similares a las adoptadas en Francia, donde una operadora podría llegar a desconectar de la red un internauta que descargue contenidos ilegalmente.

En el país vecino los operadores de telecomunicaciones estarán obligados según un reciente acuerdo a notificar al internauta que ofrece contenidos protegidos por los derechos de autor a través de P2P que su conducta va contra la ley. "Si se le notifica en tres ocasiones y el internauta no cesa su actividad, se le podrá dejar sin conexión", explica el director general de la FAP.

"Nosotros ni siquiera pedimos que se llegue a desconectar al usuario de P2P", afirma Tourné. "Para el usuario medio sólo pedimos la obligación de notificación a través de la operadora, queremos darle una oportunidad a la sensibilización voluntaria del usuario. Hay que intentarlo y si no funciona, nos plantearemos otras acciones".

Recuerda Tourné que hubo una primera intención del Gobierno de atender a sus solicitudes, introduciendo la obligación de colaboración de las operadoras en la Ley de impulso de la Sociedad de la Información. Pero la protesta de la Asociación de Internautas y otros colectivos paró esa iniciativa.

18% de las descargas ilegales de todo el mundo

"No puede ocurrir que la legislación la haga gente que tiene unas demandas, unas peticiones, tan desorbitadas, colectivos como la Asociación de Internautas, que pide el gratis total", se queja el director general de la FAP.

La situación, afirma, es enormemente desfavorable para los titulares de derechos de autor, obligados a embarcarse en "procedimientos judiciales tan largos que cuando se llevan a cabo el daño está hecho". Y solicita medidas inmediatas y tajantes contra quienes primero ponen en internet los contenidos registrados, "personas que graban en los cines las películas o que ofrecen enlaces a archivos P2P a través de páginas web".

"No podemos permitir que circulen por internet miles de películas sin que los titulares perciban la más mínima remuneración por ello", concluye Tourné. La situación legal de nuestro país, dice, es única y sangrante para los autores.

"Del total de descargas ilegales mundiales, en España se producen en torno al 18% de ellas. El segundo país (Francia Italia o Alemania, dependiendo de la semana), está en torno al 10%". Y esto es así porque tenemos la legislación más permisiva de todo el mundo occidental".