"Ni el Gobierno ni ningún partido español tienen el valor que ha demostrado el presidente Sarkozy". Quien lo dice José Manuel Tourné, director general de la Federación Antipiratería (FAP), que se muestra poco optimista respecto a la posibilidad de que en España se introduzcan medidas similares a las adoptadas en Francia, donde una operadora podría llegar a desconectar de la red un internauta que descargue contenidos ilegalmente.
"Nosotros ni siquiera pedimos que se llegue a desconectar al usuario de P2P", afirma Tourné. "Para el usuario medio sólo pedimos la obligación de notificación a través de la operadora, queremos darle una oportunidad a la sensibilización voluntaria del usuario. Hay que intentarlo y si no funciona, nos plantearemos otras acciones".
Recuerda Tourné que hubo una primera intención del Gobierno de atender a sus solicitudes, introduciendo la obligación de colaboración de las operadoras en la Ley de impulso de la Sociedad de la Información. Pero la protesta de la Asociación de Internautas y otros colectivos paró esa iniciativa.
18% de las descargas ilegales de todo el mundo
"No puede ocurrir que la legislación la haga gente que tiene unas demandas, unas peticiones, tan desorbitadas, colectivos como la Asociación de Internautas, que pide el gratis total", se queja el director general de la FAP.
Estamos obligados a inicar juicios tan largos que terminan el daño está hecho"
"No podemos permitir que circulen por internet miles de películas sin que los titulares perciban la más mínima remuneración por ello", concluye Tourné. La situación legal de nuestro país, dice, es única y sangrante para los autores.
"Del total de descargas ilegales mundiales, en España se producen en torno al 18% de ellas. El segundo país (Francia Italia o Alemania, dependiendo de la semana), está en torno al 10%". Y esto es así porque tenemos la legislación más permisiva de todo el mundo occidental".



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