La Iniciativa Legislativa Popular impulsada por A Mesa pola Normalización Lingüística para garantizar los derechos lingüísticos del gallego en el ámbito socioeconómico ha superado ya las 25.000 firmas. Así lo ha comunicado este viernes el presidente de esta plataforma, Marcos Maceira, quien ha precisado, no obstante, que todavía quedan 15 días para saber el número final de apoyos a esta iniciativa.

Tal y como ha explicado en declaraciones a Europa Press, A Mesa comenzará los contactos institucionales la próxima semana, previamente a la entrega de las rúbricas en el registro del Parlamento gallego. En concreto, se reunirá con los partidos representados en la Cámara gallega, con el Consello da Cultura Galega, con la Secretaría Xeral de Política Lingüística, con la Dirección Xeral de Comercio e Consumo y con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Para Maceira, estas 25 firmas "ya son significativas del amplio apoyo" que, a su juicio, está teniendo esta ILP: "Hay mucha gente que demanda que el gallego deje de ser una lengua excluida de todos los ámbitos, nombradamente del socioeconómico".

Por ello, ha asegurado que en los próximos 15 días continuarán con la recogida de apoyos. De hecho, en la página web sentidocomun.amesa.gal se especifica los lugares y las horas en los que esta plataforma estará presente para reunir rúbricas. "Contamos con ampliar aún mucho más estas 25.000 firmas", ha subrayado Maceira.

"Pensamos que esta es una iniciativa de sentido común que todos los grupos parlamentarios y el conjunto de la sociedad debe apoyar para algo tan simple como que el gallego sea una lengua con iguales derechos que cualquier otra, y que en el territorio gallego se pueda utilizar para todo y que deje de haber discriminaciones a usuarios por el mero hecho de emplearla", ha defendido.

LA XUNTA "DEBE DAR EJEMPLO"

En este sentido, ha hecho hincapié en que la legislación debe reconocer este derecho tanto en la documentación como en la atención. Es más, considera que la Administración gallega debe "dar ejemplo" contratando con aquellas compañías que garanticen que esto es así.

Asimismo, espera que el Parlamento gallego apoye esta iniciativa porque es "muy necesaria" y porque sostiene que el derecho a emplear el gallego en el ámbito socioeconómico tiene que estar "garantizado" tras "treinta y pico años de autonomía".

En relación al número de denuncias de usuarios por no poder emplear el gallego en el ámbito socioeconómico, ha señalado que en el año 2016 se registraron 350. Pone varios ejemplos, desde que Google no utilice la toponimia gallega en su página, cuando es un servicio empleado por "muchas compañías" para localizar sus negocios; hasta que sea "imposible" abrir hoy en día una cuenta bancaria en gallego.

Cuestionado sobre el papel que desempeña la Xunta en este ámbito, ha denunciado que ésta ha estado "ausente hace muchos años" en "la defensa del gallego". "Pensamos que se debe dejar ya de esta política que, en el mejor de los casos, se puede llamar abstencionista. En otros se puede decir que actúa, a veces, en contra de la lengua", ha zanjado.