El régimen sirio empleó armas químicas en al menos cuatro ocasiones entre marzo y junio de este año, incluido el ataque del 4 de abril en la localidad de Jan Shijún. La Comisión de Investigación de la ONU ha determinado que este último se cometió con gas sarín y fue perpetrado por la Fuerza Aérea.

En su decimocuarto informe sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en Siria, que hace referencia al periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 7 de julio, la comisión señala que "entrevistas e informes de alerta temprana indican que un avión Sujoi 22 (Su-22) llevó a cabo cuatro ataques aéreos en Jan Shijún a las 06.45 hora local".

"Solo fuerzas sirias operan este tipo de avión", señala el organismo sobre el ataque, en el que se usaron tres bombas convencionales y una química, y en el que murieron 83 personas, entre ellas 28 niños y 23 mujeres. Otras 293 personas resultaron heridas, incluidos 103 menores.

En la zona fueron encontrados restos de la bomba, y aunque la comisión no ha podido determinar el tipo exacto del arma química utilizada, "las partes son consistentes con bombas de gas sarín producidas por la antigua Unión Soviética".

Este órgano de Naciones Unidas tuvo en cuenta además las conclusiones de la misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que dijo que las víctimas habían sido expuestas a gas sarín o una sustancia parecida.

En este contexto llegó a la conclusión que los "síntomas sufridos por las víctimas son consistentes con la exposición de gas sarín", lo que supone un crimen de guerra.

El informe de la Comisión también señala otros tres ataques con armas químicas entre marzo y julio por parte de las fuerzas gubernamentales en Al-Latamneh, en Guta Oriental, y otros dos casos en la gobernación de Damasco, donde se empleó gas cloro.

La ONU señala también que con las treguas locales se produjeron evacuaciones que equivalen al "crimen de guerra del desplazamiento forzado", como fue el caso en Madaya y Barza, Fua y Kafraya o Tishreen y Qabun.

Las fuerzas progubernamentales obligaron a ciertas personas de áreas previamente asediadas a someterse a un proceso de reconciliación si querían quedarse.

En la práctica este proceso permitió al régimen "filtrar" la población dependiendo de su lealtad y como tal se produjo el desplazamiento tanto de combatientes como de grupos de civiles disidentes en la forma de una evacuación organizada.

La ONU igualmente destaca que grupos armados y terroristas seguían atacando entre marzo y julio intencionalmente a civiles pertenecientes a minorías religiosas y a utilizarlos como rehenes, lo que constituye otro crimen de guerra. Igualmente continuaron los ataques a instalaciones médicas.

Naciones Unidas también denuncia ataques intencionados contra lugares religiosos y afirma que el que tuvo lugar en Al-Jinah por parte de EE UU en marzo contra un edificio adyacente al centro de oración de una mezquita, en el que fallecieron 38 personas, "violó la ley internacional humanitaria" al no proteger suficientemente a los civiles.