Golpe al ladrillazo. La Guardia Civil detuvo ayer a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística en Totana (26.000 habitantes). Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas.

La operación de Totana está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Entre los detenidos en Murcia, Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara que, según fuentes de la investigación, actuaron como intermediarios de presuntos pagos destinados a que el Grupo Nuaria consiguiera la licencia para construir en Totana, durante la pasada legislatura.

El tercer detenido en la Región es Gabriel Martínez, dueño de la fábrica de huevos Maryper, de Totana y presunto intermediario.

La ex y la novia del alcalde

Ya están imputadas (sin ser detenidas) en la operación anticorrupción de Totana la ex mujer y la actual pareja (de nacionalidad brasileña) del diputado regional del PP Juan Morales, que hasta mayo pasado era alcalde de Totana y que está siendo investigado por presunta corrupción.

Pese a que la juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana ha decretado el secreto de sumario, se sabe que ayer se realizaron 11 registros en Totana: en las cajas de seguridad de la oficina de Cajamurcia de la calle Sol; en la fábrica de huevos Maryper; en una asesoría de la avda. General Aznar (propiedad de la ex mujer de Juan Morales, Mari Carmen J.); en varias casas y en Urbanismo.

Vigilan la autopista de Vigo

Dos de los promotores de Nuaria, la empresa viguesa que tiene previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles en Totana, fueron detenidos ayer: Pablo José M. G. y el empresario Manuel Núñez Arias; cuyo chalé y oficinas fueron registrados de madrugada. Además, durante la operación los agentes controlaron los accesos a la autopista de Vigo. IU de Totana denunció en 2006 que los propietarios de los 2,2 millones de m2 recalificados por el Ayuntamiento de Totana (PP) para que construyera el Grupo Nuaria recibieron «amenazas y presiones para vender».