Durante la operación han sido detenidas 16 personas, se ha liberado a dos víctimas de explotación sexual y se han intervenido 156 plantas de marihuana, además de 4.245 euros en metálico.

Los arrestados disponían de seis inmuebles para desarrollar sus actividades ilícitas y tenían previsto abrir un hotel para alquilar "habitaciones turísticas" con la misma finalidad.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la recepción en trata@policia.es de un correo electrónico denunciando la posible situación de explotación sexual en la que se encontrarían varias mujeres de nacionalidad tailandesa y española en un domicilio de Valencia.

Paralelamente, agentes especializados en la lucha contra los delitos que afectan a la propiedad industrial e intelectual, estaban llevando una investigación sobre el grupo que estaba detrás de la posible explotación sexual denunciada, por estar realizando también ventas a gran escala de prendas textiles y marroquinería falsa, importadas en su mayoría de Turquía.

Por ello, se continuó la investigación de forma conjunta para desarticular esta organización y detener a sus integrantes.

Así, se localizó en la ciudad de Valencia uno de los domicilios utilizados por el grupo investigado -publicitado en diversas páginas web de índole sexual como "casa de citas" o "casas de masajes-", donde se ejercía la prostitución 24 horas al día los siete días de la semana. También se averiguó que ofrecían el alquiler semanal de habitaciones hasta en seis domicilios ubicados en la misma localidad, para que mujeres y hombres ejercieran esta actividad.

Estas viviendas eran gestionadas por la cabecilla de la organización, una mujer española de 50 años y su pareja, un hombre también español. Ambos tenían previsto abrir un hotel dedicado a esta actividad, para alquilar "habitaciones turísticas" destinadas en realidad a arrendatarios que las utilizarían para el ejercicio de la prostitución.

Estaban siempre sujetos a unas normas de uso similares a las existentes en los clubes de alterne, incluyendo la presencia de "mamis" para coger el teléfono y atender las solicitudes de los clientes, según las mismas fuentes.

ACCEDÍAN CON VISADOS DE TURISTA

Algunas de las mujeres de origen asiático que eran explotadas en estos domicilios habían accedido al territorio Schengen utilizando visados de turista, obtenidos gracias a cartas de invitación confeccionadas por distintos miembros del entramado criminal, simulando una falsa relación de amistad. Alguna de las mujeres llegó incluso a solicitar posteriormente protección internacional.

Dentro del organigrama de este grupo criminal había personas encargadas del control y acompañamiento de las mujeres y otras de las labores de administración y logística de los pisos de alterne que proporcionaban el material necesario a las mujeres, realizaban la recaudación, llevaban la contabilidad y atendían los teléfonos de contacto.

La actividad ilícita que desarrollaban les proporcionaba un alto beneficio económico, no solo a través de la explotación sexual, sino con todo el entramado de inmuebles con el que contaban alquilando las habitaciones por un importe medio de 150 euros semanales.

SHOWROOM CLANDESTINO

Por su parte, la investigación relativa a la venta de productos falsos permitió conocer que miembros de la organización viajaban con asiduidad a Turquía para comprar ropa falsificada y venderla posteriormente en España. Este material era trasladado a un piso en el que realizaban un showroom clandestino, al que acudían distintos compradores de la costa mediterránea y Madrid.

Finalmente se pudo identificar y detener a 16 miembros de la organización, se liberó a dos mujeres víctima de trata con fines de explotación sexual y se practicaron ocho entradas y registros -tanto en domicilios como en establecimientos-.

En estos registros se intervino material informático, documentación y otros efectos relevantes como cuadernos y agentes manuscritas con diversas anotaciones y un total de 4.245 euros. En uno de los registros se halló un cultivo de 156 plantas de marihuana, que puso de manifiesto la comisión de un delito contra la salud pública realizado de forma paralela por parte de algunos de los integrantes del grupo.