Según la plataforma, el recurso solicita la anulación de la autorización por considerarla "nula de pleno derecho al no haber informado el Ayuntamiento de Retortillo las alegaciones presentadas y haberlas resuelto directamente la Comisión Territorial, sin invocar precepto legal alguno que fundamente esa asunción de competencias por parte de la Administración Regional".

En el recurso presentado, la plataforma también ha utilizado "los argumentos expuestos por el procurador del Común" en la resolución que ha adoptado esa institución en relación a la mina de uranio de Retortillo.

Stop Uranio ha detallado que en ese documento el procurador dice a la Junta de Castilla y León que "se debe realizar" una nueva evaluación de impacto ambiental, ya que la aprobada mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

La plataforma ha destacado que la declaración tenía validez para los dos municipios afectados, Retortillo y Villavieja de Yeltes, "cuando la autorización de uso excepcional es solo para Retortillo, lo que supone una alteración de las condiciones aprobadas en la Declaración de 2013".

El procurador también incide, según Stop Uranio, en "los argumentos largamente expuestos" por la plataforma desde la aprobación de esa Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y "corroborados por informes científicos posteriores, como el de dos biólogas de la Universidad de Castilla La Mancha", en el sentido de que "se debe valorar nuevamente la incidencia de la mina en la Red Natura 2000, en la pervivencia de especies amenazadas (milano Real, cigüeña negra o sarda salmantina) o los efectos transfronterizos del proyecto".

La resolución del procurador del Común "obligaría" a la Junta de Castilla a la realización de "un nuevo proceso de evaluación de impacto", o "motivar los fundamentos jurídicos de no realizar nuevamente ese trámite", ha argumentado la plataforma.

"En el caso de que la Junta de Castilla y León asuma las tesis del procurador del Común significaría la obligación de que Berkeley Minera empiece el proyecto de nuevo otra vez, lo que puede provocar la estampida de los 100 millones de euros prometidos por el Sultanato de Omán", ha añadido.

Stop Uranio ha concluido que la Administración autonómica tiene dos meses para adoptar una decisión en relación a la resolución del procurador del Común y tres meses para resolver el recurso presentado por la plataforma. "Difícil tesitura, pues si no acepta los fundamentos legales del Procurador nos veremos en los tribunales", ha aseverado.