Nuevos organismos podrían verse próximamente salpicados en la presunta trama de funcionarios curruptos en el Ayuntamiento de Madrid. De prosperar el escrito que el sindicato Manos Limpias ha remitido este medidía al juez Torres, encargado del caso, la Dirección General de Emergencias y Protección Civil serían investigados por posibles irregularidades.
Existe un atasco de dos años de expedientes de concesión de licencias
En el escrito, el sindicato subraya que "es manifiesto que existe un atasco de dos años de expedientes de concesión de licencias por falta de medios personales, lo que ha podido incidir en actuaciones no conformes a la Ley".
Aparte del informe medioambiental, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernand, recordó que en el procedimiento de concesión de licencias también es primordial el informe de Protección Civil para "verificar la existencia de un plan de evacuación y de seguridad en el trabajo".
Estos informes vinculantes y preceptivos afectan fundamentalmente a los centros de ocio, a grandes superficies comerciales, hoteles y discotecas, entre otros espacios.
"A juicio del sindicato que va a ejercitar la acción popular, sería conveniente que se iniciara una vía de investigación y comprobación en este trámite procedimental que es competencia de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil", concluye el escrito.
Acusación popular
Por otro lado, Manos Limpias se personará esta semana en la causa que instruye el juez Torres como acusación popular. En su escrito de personación, el sindicato incluirá al menos 18 denuncias de particulares que dan cuenta de las extorsiones a las que fueron objeto por parte de funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por negarse a entregar dinero a cambio de la concesión de la licencia para abrir o reabrir un local.
Asimismo, el sindicato estudia presentar otra querella independiente contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y las ex concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, por no adoptar medidas para frenar la presunta trama de corrupción de empleados públicos destapada en el Consistorio madrileño.
"La ley es igual para todos. El órgano de vigilancia era conocedor de los hechos y no tomó las medidas necesarias para frenarlo", se quejó Bernad, que recordó que ya se denunciaron estos hechos hace un año y medio.
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