La nueva Ordenanza reguladora de viviendas turísticas declara "zonas saturadas" la Parte Vieja y el puerto

  • SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS)
Enrique Ramos y Eneko Goia.
Enrique Ramos y Eneko Goia.
EUROPA PRESS
Enrique Ramos y Eneko Goia.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves, de forma inicial, la nueva Ordenanza reguladora del uso urbanístico de viviendas turísticas y alquiler de habitaciones de vivienda habitual para uso turístico que declara "zonas saturadas" la Parte Vieja y el puerto, por lo que no se concederán nuevas licencias más allá de las actuales o en tramitación. El Consistorio contratará un equipo técnico de diez personas para controlar que se cumple la normativa y elaborará un censo público de estas viviendas.

El alcalde donostiarra, Eneko Goia, y el concejal de Urbanismo Sostenible, Enrique Ramos, han presentado en rueda de prensa esta nueva Ordenanza que se prevé podría entrar en vigor en enero del próximo año y que supone "un paso más" en un trabajo "intenso" que se ha prolongado durante un año para "abordar este fenómeno, no exclusivo de San Sebastián" partiendo de su "auge" y de "un análisis de la realidad" llevado a cabo desde 2016.

El alcalde ha indicado que este tipo de alojamiento turístico "tiene ventajas e inconvenientes" y la "virtud es tratar de regularlo de la mejor forma posible, que es lo que hace esta ordenanza". Para ello se divide la ciudad en tres zonas, cada una de las cuales tendrá un régimen regulador diferente, con el objetivo de que "la convivencia no se vea resentida y no haya un fenómeno de migración de uso residencial a otros usos" de las viviendas, con "efectos negativos" para la ciudad y sus habitantes.

La primera es la Parte Vieja y el puerto que se declaran "zonas saturadas", de manera que no podrán albergar nuevas licencias más allá de las ya existentes o tramitación. La segunda zona, la B, de alta demanda incluye Gros, Amara hasta Pío XII, el paseo de Francia y partes de Egia y el Antiguo.

En estas áreas se permitirá la ocupación parcial con viviendas turísticas de las plantas bajas; en primeras plantas con acceso común a las viviendas cuando su superficie sumada al resto de usos no residenciales del edificio sea igual o inferior a 250 metros cuadrados útiles en todo el inmueble con acceso común.

En las plantas altas se permitirá una vivienda turística con acceso común al de las viviendas siempre que ninguna de las ubicadas por debajo esté destinada o se proyecte destinar a uso residencial, de manera que todas esas plantas deben estar destinadas a otro tipo de usos autorizados diversos al uso residencial y su superficie útil sumada al resto de usos no residenciales con acceso común no superen los 250 metros cuadrados en todo el edificio.

También se permitirá el uso de una única vivienda con acceso común al resto de viviendas en plantas altas en edificios con un mínimo de siete plantas y otra vivienda turística por cada seis plantas adicionales, a ubicar en cualquiera de las plantas adicionales, siempre que no se sobrepase en la totalidad del edificio el límite de 250 metros cuadrados útiles de usos no residenciales.

En la zona C, con posibilidad de incremento de oferta de alojamiento turístico, correspondiente al resto de la ciudad, se aplica la regulación de la zona B y se podrán permitir dos viviendas turísticas en plantas altas en edificios con un mínimo de 7 plantas y otras dos viviendas por cada seis plantas adicionales, en cualquiera de las plantas adicionales siempre que no se superen los 350 metros cuadrados útiles de usos no residenciales, incluidos los de vivienda turística ni el límite de 250 metros útiles excluidos los de vivienda turística, en todo el edificio.

Goia ha indicado que quienes destinen una vivienda a uso turístico deberán comunicar previamente de su uso y de la actividad clasificada tanto al propietario de ésta como al Ayuntamiento.

A ello ha añadido que para poder mantener una vivienda inscrita en el registro de viviendas de uso turístico del Gobierno Vasco, en el que ya hay 1.200 de la ciudad de las cuales "el 27% sobreviven" con esta nueva normativa, tendrán que cumplir la normativa municipal, por lo que se va a producir "una depuración importante" de la lista, aunque "es difícil" saber de cuántos alojamientos de este tipo.

Además, hasta su entrada en vigor, las que cumplan con los requisitos recogidos en la Ordenanza pero aún no estén reguladas podrán regularizarse.

INSPECCIÓN Y CENSO PÚBLICO

Ramos ha añadido que el Ayuntamiento ha aprobado la contratación de personal destinado a integrar un equipo técnico integrado por cinco policías municipales y cinco técnicos adscritos a urbanismo para "perseguir el fraude" y velar por la aplicación de la nueva normativa. En caso de que sea así se podrá clausurar la actividad, previo expediente, y se aplicarán sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros.

También se contempla el cobro de una tasa a las viviendas de uso turístico aún "sin determinar", así como un censo público de las mismas.

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