El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido este miércoles en el Congreso que uno de los motivos para desplegar más guardias civiles en el aeropuerto de El Prat durante la huelga de los trabajadores de Eulen fue garantizar la seguridad pública debido al "nivel terrorista 4" que existía en el país.

"Las aglomeraciones podrían generar situaciones de riesgo, así que hacerlo era nuestra obligación. No haberlo hecho hubiera sido una irresponsabilidad en estas circunstancias", ha argumentado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Fomento, en la que ha detallado el papel de su departamento en el conflicto laboral desatado en agosto en el aeródromo barcelonés entre la empresa de seguridad y sus trabajadores.

A Fomento se le acusó por oposición y sindicatos de cercenar el derecho a huelga al sustituir a vigilantes por agentes de la Guardia Civil. "En ningún momento se sustituye a los trabajadores", ha matizado De la Serna."Los trabajos de Eulen se realizan como apoyo a este cuerpo, que es quien tiene la competencia de la seguridad en los aeropuertos. Sólo se planteó un aumento de efectivos hasta que se normalizase la situación para garantizar el orden público en El Prat".

El ministro ha señalado que el Gobierno mantendrá de momento el dispositivo de la Guardia Civil reforzado en el aeropuerto de El Prat, ante el nuevo paro de los trabajadores de Eulen convocado todos los viernes a partir del 8 de septiembre.  De la Serna ha añadido que incluso se podría reforzar aún más este dispositivo los días de paro en función de la magnitud de las colas de viajeros que pudiera generar esta nueva protesta.

De la Serna ha lamentado que el conflicto haya "afectado a la imagen de nuestro país en el exterior", pero ha descargado de cualquier responsabilidad del Gobierno. La oposición opina lo contrario.

"Le exigimos el cese del presidente de AENA", ha espetado Carles Campuzano, portavoz de PDeCAT en la comisión, que se ha mostrado "decepcionado" por la intervención del ministro por no admitir la "negligencia" de Fomento y del gestor aeroportuario presidido por José Manuel Vargas y participado por el Estado en un 51% del capital. La portavoz de ERC, Teresa Jordà, también ha pedido su destitución.

"¿Por qué desapareció en pleno conflicto, lo que le obligó a usted a intervenir?", le ha preguntado por su parte Félix Alonso, portavoz de Unidos Podemos, que ha sugerido también el relevo de Vargas. "Ha tenido que ir a apagar un incendio que su pirómano laboral, el señor Vargas, no supo solucionar".

Más dura aún ha sido aún la portavoz socialista: "Vargas es un presidente desleal con el servicio publico y con usted, señor ministro; le ha dejado solo al pie de los caballos cuando conocía el conflicto con anterioridad porque ya conocía los pliegos de los contratos", ha dicho la diputada Mercé Perea. "Yo no dudaría un segundo en cesarlo inmediatamente porque su gestión ha sido nefasta".

De la Serna ha hecho caso omiso a la petición unánime de todos los grupos y ha "apoyado absolutamente" la labor de Aena a lo largo del conflicto en el aeropuerto catalán.

El ministro, en todo caso, ha acusado a estos trabajadores de haber sido "inflexibles" y de no "haber tenido voluntad" para llegar a un acuerdo con Eulen. "El Gobierno respeta el derecho a la huelga de los trabajadores, pero también es cierto que para llegar a un acuerdo ambas partes tienen que tener voluntad y la interlocución no ha sido fluida con una de las partes", ha asegurado en referencia a los representantes sindicales.

De la Serna ha aprovechado entonces para desglosar cifras y para quitarle responsabilidad a la empresa, que según el ministro "hizo un esfuerzo importante" para aproximarse a las exigencias de los trabajadores y aceptar una propuesta —incrementar los salarios hasta 200 euros al mes en 12 pagas e incorporar un quinto vigilante— lo "suficientemente ambiciosa para alcanzar un acuerdo".

Los trabajadores rechazaron ese aumento del 18%. Pedían otro de 312 euros. Y de ahí se llegó a la convocatoria de los paros de 24 horas. Una medida que, dice el ministro, obligó a tomar medidas como el despliegue de efectivos de la Guardia Civil para "devolver la normalidad en El Prat" y para "poner fin al conflicto laboral".

El comité de huelga de los trabajadores mantiene de momento el 8 de septiembre para una nueva huelga si la Empresa no readmite a dos trabajadores despedidos durante el conflicto y anula los expedientes sancionadores abiertos. La empresa, de momento, se niega. Y este jueves Marcos Peña, el mediador del conflicto, presentará el laudo arbitral de obligado cumplimiento que ya avisa que "no dejará a nadie contento".

El ministro, en todo caso, ha anunciado que esta semana convocará a patronales y sindicatos para analizar las condiciones laborales de la seguridad privada en las infraestructuras de transporte terrestre, marítimo y aéreo que gestiona su ministerio, y crear un "marco global que los satisfaga".