Dentro del cumplimiento estricto de las funciones de información, asesoramiento y asistencia que como centro especializado en violencia de género tiene encomendadas, el Ayuntamiento de Maracena ha explicado en una nota que "ha trabajado y seguirá trabajando para que la señora Rivas y sus hijos cuenten con todos los recursos y puedan hacer uso de los derechos que nuestro sistema jurídico reconoce a las víctimas de dicha violencia".

Tanto la asesora jurídica del centro, Francisca Granados, como la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, declaran este miércoles como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas, que devolvió los menores al padre este pasado lunes.