"Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena, y sigue enterrado en una fosa".

La madre de Antonio Narváez no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y sigue pidiendo justicia. "A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día".

Un año más, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional denuncia que en España hoy "se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas".

Las familias como la de Antonio Narváez siguen siendo víctimas, denuncia Amnistía, ya que "no importa que las desapariciones forzadas sean recientes o se hayan producido hace décadas, en todos los casos sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad".

La organización internacional de derechos humanos, a nivel global, pone en marcha este miércoles una campaña para concienciar a la población de que 'Nada es igual si alguien desaparece', su lema. En el caso de España, la organización centrará sus esfuerzos en promover la petición de firmas (ya van más de 180.000) con la que persiguen exigir al Gobierno que realice "las investigaciones necesarias" para aclarar el paradero de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.

La ONG ha recordado que en los últimos cinco años "al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo". También ha subrayado que en mayo de 2017 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputado en la que se instaba al Gobierno a asumir las recomendaciones internacionales que le conminan a esclarecer y juzgar dichos crímenes.

Sobre el exterior, los últimos datos de desapariciones forzadas del organismo oficial documentan, desde 1980, 44.159 nuevos casos en 91 países. Los estados con mayor número de desaparecidos registrados en los últimos años son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673) y Colombia (1.260).

Amnistía Internacional ha querido poner el foco también en las desapariciones recientes en Siria, donde muchas familias han sido extorsionadas, adquiriendo grandes deudas para conseguir información de sus familiares desaparecidos, en muchos casos falsa, y en México, donde según los datos del Gobierno, a junio de 2017, había 32.096 personas en paradero desconocido.