Un tribunal de Dacca condenó este martes a tres años de prisión a Sohel Rana, dueño del complejo textil Rana Plaza que se derrumbó en 2013 causando más de 1.100 muertos y 2.500 heridos, en lo que supone la primera sentencia relacionada con la mayor tragedia textil de Bangladés.

El juez K.M. Imrul Kayes, de un órgano judicial especial de la capital bangladesí, condenó a Rana por un delito de acumulación ilícita de bienes y le impuso una multa de unos 625 dólares, dijo el fiscal del caso, Salahuddin Eskandar.

"Tendrá que permanecer tres meses más encarcelado si es incapaz de pagar la multa", detalló Eskandar.

El juicio contra el dueño del complejo textil comenzó el pasado marzo después de que la Comisión Anticorrupción de Bangladés presentase una denuncia contra Rana en mayo de 2015, con él ya entre rejas, al rechazar entregar un informe detallado de su patrimonio.

Según la acusación, el condenado construyó con dinero no declarado dos edificios comerciales (el Rana Plaza y la Torre Rana) y un inmueble residencial de cinco plantas, todos ellos en el suburbio de Savar, a las afueras de Dacca.

Sohel Rana se enfrenta además a más de una docena de cargos por asesinato, corrupción y violación de la legislación laboral, entre otros.

Actualmente, en relación con la tragedia del Rana Plaza hay 4 acusados en prisión, 29 libres bajo fianza, 7 prófugos de la justicia y un último acusado falleció recientemente cuando estaba en libertad condicional.

El Rana Plaza, un edificio de nueve plantas que alojaba cinco fábricas textiles en el suburbio industrial de Savar se desplomó el 24 de abril de 2013 causando la muerte de 1.130 trabajadores y heridas a más de 2.500.

Las compañías internacionales Primark, El Corte Inglés, Bon Marche, Joe Fresh y Benetton confirmaron entonces que tenían acuerdos de producción con alguna de las empresas locales implicadas en el siniestro.

Varias de estas firmas hicieron donaciones posteriores a las víctimas por una catástrofe que obligó al Gobierno de Bangladesh a realizar una revisión completa de su sector industrial textil, con controles, inspecciones y una nueva normativa.

Sin embargo, más de cuatro años después del siniestro el proceso de reforma para lograr mayor seguridad en las fábricas avanza con gran retraso entre disputas por precios y costes entre propietarios locales y compradores extranjeros.