El Gobierno turco ha emitido este viernes dos decretos por los que despide a 928 funcionarios, cierra dos periódicos prokurdos y crea un órgano de coordinación de los servicios de inteligencia bajo el control del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Esas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, han sido dictadas al amparo del Estado de Emergencia establecido tras la fallida intentona golpista de julio de 2016 y que permite al Ejecutivo gobernar mediante decretos que son debatidos en el Parlamento sólo treinta días después de su aprobación.

Según el decreto, los 928 trabajadores públicos han sido despedidos por su vinculación "a organizaciones terroristas, estructuras o grupos" que se considera actúan contra la seguridad nacional.

Entre los despedidos se cuentan 205 militares, 120 funcionarios del Ministerio de Justicia, 120 académicos de diferentes universidades y 166 empleados municipales, la mayoría de localidades del sureste del país, donde se concentra la población kurda.

Esas 928 personas se unen a los 140.000 empleados públicos que han sido suspendidos o despedidos en el último año acusados de pertenecer a la guerrilla kurda del Partido de los trabajadores del Kurdistán (PKK) o a la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el Gobierno acusa de organizar el intento de golpe de Estado.

Por otro lado, los decretos anuncian la contratación de 32.000 nuevos miembros de las fuerzas de seguridad y 4.000 jueces.

La oposición acusa al islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) de gobernar mediante decretos, evitando así el control parlamentario, como ha sucedido con el cierre de dos periódicos prokurdos.

El primer ministro, Binali Yildirim, ha confirmado por otro lado a la agencia semipública turca Anadolu que a partir de ahora "el presidente dispondrá de los servicios secretos", algo que ha descrito como consecuencia de la reforma constitucional aprobada en referéndum el 16 de abril pasado.

Yildirim ha negado que hubiera alguna razón concreta para este traspaso, que calificó de consecuencia "automática", una vez tomada la decisión de trasladar el poder ejecutivo al jefe de Estado y de hacer desaparecer la figura del primer ministro.

El decreto 694 dedica varias páginas a enmendar diversas leyes que definen las funciones de los servicios secretos, al tiempo que indica que se ha de leer "presidencia" donde antes ponía "oficina del primer ministro".

Asimismo, atribuye al presidente la facultad de decidir si el jefe de los servicios secretos puede testificar en un juicio o no, decisión que puede ser recurrida por el máximo órgano judicial administrativo, el Danistay.

Además, en su apartado 62, el decreto anuncia la creación de un nuevo "Consejo de Coordinación de los Servicios Secretos" (MIKK), que será presidido por el presidente de la república, y gestionado por la jefatura del MIT.

Este nuevo organismo servirá para mejorar la comunicación de los servicios secretos con los ministerios y otras instituciones públicas, según el decreto.

El texto no ofrece más detalles sobre la composición del MIKK, ni sobre sus miembros, limitándose a señalar que las funciones de estos serán reguladas por normas fundamentales.