Esta situación, según ha indicado el IU-Equo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se debe a la "dejación" de funciones del Gobierno de la Junta en cuanto al mantenimiento de un buen servicio público de "calidad".

Una actitud que han calificado de "dañina" para el bienestar social pero "más vergonzosa" en una Comunidad como Castilla y León, con un "alto índice" de población envejecida donde la "escasez" de plazas en centros públicos hace que en algunas provincias haya lista de espera de hasta dos años.

ENRIQUECER A LAS PRIVADAS

Esta situación "obliga" a acudir a residencias privadas en las que la pensión media ronda los 900 euros, mientras que las plazas privadas varían entre 1.300 y 2.000 euros mensuales para residentes de dependencia moderada y entre 1.700 y 2.500 euros para total dependencia.

Lo que se pone de manifiesto es, a juicio del Grupo Parlamentario, todo un programa político encaminado a "favorecer" la privatización del sector y el "enriquecimiento" de las empresas que "aprovechan" ese vacío para generar negocio.

Un "claro" ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha anulado el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a la personas mayores de Castilla y León, en la que se enmarcan las residencias y los centros de día, han recordado las mismas fuentes.

La Comunidad de Castilla y León está "obligada" a atender estas necesidades y a velar por la calidad del servicio y la condiciones laborales de quienes lo desempeñan, que son, en su mayoría, mujeres. También han recordado que de las más de 720 residencias para mayores registradas en la Comunidad, el porcentaje de titularidad pública es minoritario ya que este gobierno ha preferido el concierto y la subvención de plazas en centros privados.

Además, ha agregado, algunas empresas privadas que priorizan el criterio de la rentabilidad empresarial frente a cualquier otro, incurriendo incluso en "abusos e ilegalidades" laborales y sociales como los denunciados por las trabajadoras de la residencia Buellavista en Babilafuente, Salamanca.

En este caso concreto los sindicatos ya han denunciado falsificación de las plantillas de trabajo para superar las inspecciones; jornadas laborales que en ocasiones superan las 48 ó 50 horas semanales; ingresos de salarios inferiores a los fijados en nómina o desempeño de funciones propias de enfermería por personal no cualificado. Todo ello, según IU-Equo, para "aumentar" el margen de beneficios a costa de las trabajadoras y de la calidad prestada a las personas residentes.

La actitud que las gerencias territoriales asumen es en muchos casos inaceptable al preferir no intervenir ante lo que consideran "faltas leves", conocedoras del problema que supondría eliminar la subvención de plazas públicas en centros privados, ha concluido el Grupo Parlamentario.