La parlamentaria andaluza del PP de Sevilla Alicia Martínez ha considerado este jueves que la orden autonómica de marzo de 2017 que establece el marco de colaboración entre la Junta y las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a personas reconocidas en grado I, implica la sustitución del servicio de ayuda a domicilio por "meros talleres" que dependen de los ayuntamientos.

Según expone la parlamentaria autonómica del PP en un comunicado de prensa, "las personas dependientes valoradas en grado I tienen en la cartera de servicios dos prestaciones, que son la ayuda a domicilio y los talleres", toda vez que "la mayoría prefiere la ayuda a domicilio, después de llevar años esperando esta prestación". Al respecto, avisa de que en la provincia de Sevilla, de los casi 18.000 dependientes de grado I, "unos 11.500 no tienen prestación vigente".

Al respecto, expone que la mencionada orden autonómica de marzo de este año "deriva la prestación del servicio de ayuda a domicilio a los ayuntamientos que soliciten la firma de un convenio con la Junta y a que lo hagan sólo en la modalidad de talleres".

Martínez ha alertado así de que "con esta orden, la Junta se desentiende y deriva a los ayuntamientos la prestación, con la dificultad que supone para muchos ayuntamientos, en especial los más pequeños, reunir a los dependientes en grupos de 15, organizar talleres y buscar los espacios para impartirlos", porque según avisa, la propia orden estipula que "lo más oportuno" para estos dependientes son talleres grupales de 15 personas y la Junta "ni siquiera se hace cargo del traslado para la asistencia a los mismos ni de los espacios adecuados donde se puedan impartir".

"Habrá casos en los que ni siquiera haya 15 personas y desde luego estas personas se quedarán sin la prestación del recurso, salvo que se planifiquen traslados a otros municipios, lo que no se prevé en la orden", teme Martínez.

Además, ha señalado el "problema" que afrontan los ayuntamientos, al tener que "adelantar el pago a las empresas adjudicatarias (de la celebración de los talleres) para la prestación del servicio". "Una vez más estamos ante una improvisación de la Junta, que echa balones a los ayuntamientos sin criterio, sin planificación ni sensibilidad con los pequeños municipios ni las personas que viven en ellos", ha sostenido la diputada popular, quien ha acusado a la Junta de querer "ahorrar dinero en la prestación de servicios de la Ley de Dependencia".

La mencionada orden, según abunda la diputada autonómica del PP, conllevaría que los dependientes de grado uno demandasen estos talleres "en sustitución de la ayuda a domicilio", toda vez que Alicia Martínez también denuncia que los trabajadores sociales que realizan los planes individuales de atención (PIA) a las personas dependientes "sólo podrán prescribir para estas personas prevención y promoción de la autonomía", es decir, los talleres.

"Existe temor de que las personas que tienen concedida la ayuda a domicilio se les modifique la prestación por un taller y hay mucha incertidumbre entre los dependientes", avisa Martínez, que reclama a la Junta que "mantenga las resoluciones de ayuda a domicilio a las personas que están valoradas y que retire este convenio que impide que se produzcan nuevas resoluciones de ayuda a domicilio a quienes realmente lo necesiten".

Avisando que la situación puede incidir en unos 18.000 sevillanos de grado uno de dependencia, Martínez expone que el PP promoverá mociones en los ayuntamientos, "para reclamar a la Junta que recupere la prestación a los dependientes de Grado I, tal como se establece en cualquiera de las dos prestaciones de la carta de servicios, sobre todo en los municipios más pequeños y carentes de medios".