En un auto fechado el 9 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que "no cabe duda" de que en el acta del pleno en el que la Corporación municipal aprueba de forma provisional el PGOU, celebrado el 29 de julio de 2009, se deja constancia de los escritos que el equipo redactor del PGOU presentó en Registro de Entrada del Ayuntamiento sobre la modificación de 22 planos de los 71 que componían en Planeamiento, aunque "no con la amplitud que hubiera sido la deseada".

"El acta del pleno del Ayuntamiento de Marbella de 29 de julio de 2009 sí recoge la aportación de los escritos citados y que su existencia se puso de manifiesto en el pleno, procede el sobreseimiento de las presentes diligencias al no apreciarse la existencia de infracción penal alguna", señala el juez en el texto, que destaca en el auto que ha visionado el vídeo de la grabación de aquella sesión plenaria.

Asimismo, se añade que "no hubo ninguna intención, ni buena ni mala, por el equipo de gobierno de que dicho escritos, donde se contenían las modificaciones introducidas a última hora, pasaran desapercibidas, pues el escrito ni fue presentado por dicho equipo de gobierno, no redactado por éste ni fue quien introdujo los cambios mencionados".

Por ello, se indica que "no se aprecia razón alguna para esconder la realidad de los sucedido en el pleno del Ayuntamiento e Marbella de 29 de julio de 2009 en relación con lo que se reflejó en el acta de dicho pleno que fue aprobada posteriormente".

El juez recoge en el auto, de siete páginas de extensión, que la causa se dirige contra el vicesecretario municipal Javier de las Cuevas, y contra la exregidora Ángeles Muñoz quien, en su condición de aforada por ser senadora, está denunciada pero no investigada.

Contra el auto del juez cabe interponer ante el propio juzgado un recurso de reforma o apelación en un solo efecto en el plazo de tres a cinco días, según el escrito. La decisión del juez se opone a la del fiscal del área de Marbella, quien en una resolución judicial se "opuso" al sobreseimiento de la causa e instó a que tomara declaración como testigos a los exconcejales Diego Eyzaguirre, del PP, y Susana Radío, del PSOE, las dos funcionarias que transcribieron el vídeo del pleno en el que la Corporación aprobó de forma provisional el PGOU y la persona que, supuestamente, entregó la documentación que aportó el equipo redactor.